INTRODUCCIÓN
“Los países latinoamericanos reflejan la desigualdad más grande que existe en el mundo, pese a que es una región de las más ricas en materia de recursos”, afirmó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, en su columna de opinión en el marco de la reunión anual del Foro Económico Mundial (2016). Y es que una de las principales características de América Latina es la elevada desigualdad existente entre los países y dentro de cada región, que caracteriza este continente con respecto al resto de países del mundo. Esta situación que perdura en la actualidad, se acentúa desde los tiempos coloniales a través de un proceso donde la descolonización e independencia de estos países, incluso, no ha dejado de generar un aumento importante en la brecha del acceso a la educación, al mercado laboral, al crédito, a la tierra, al derecho de propiedad, es decir, a cualquier esfera que configure el entorno socioeconómico con respecto a los países desarrollados.
Los gobiernos latinoamericanos con distintas estrategias y modelos económicos se han ido extendiendo, aunque de manera diferente entre los países del continente como indica Ocampo y Bertola (2013) en su libro “El desarrollo económico de Latinoamérica desde la Independencia”. Se han ido poniendo de manifiesto en Latinoamérica desde la Independencia, con una apuesta hacia un mercado comercial primario-exportador y, posteriormente, con medidas intervencionistas y de sustitución de las importaciones, hasta la implementación de políticas orientadas al mercado (Consenso de Washington) y otros modelos más progresistas como el socialismo del Siglo XXI y/o proponiendo una alternativa al desarrollo como es el Sumak Kasaw. Sin embargo, en la realidad latinoamericana, a pesar de los múltiples modelos socioeconómicos aplicados, la desigualdad sigue estando de manera estructural en la región.
Para reconducir esta situación de desigualdad, se han establecido diferentes propuestas venidas de instituciones que promulgan el desarrollo socioeconómico: por un lado, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL- considera que existe una heterogeneidad estructural que está provocando esta desigualad debido a que existe poco empleo en los sectores altamente productivos y de ahí su realidad económica; Y, para contrarrestar esta situación, la CEPAL profundiza en el concepto de Cambio Estructural, para que los países de esta región inviertan en actividades económicas que diversifiquen su matriz productiva, genere una transmisión tecnológica y produzca una sinergia intersectorial que fomente el empleo de mayor productividad y así contribuir a la dinamización de la economía actual. Asimismo, consideran importante no sólo tener en cuenta los factores productivos para mejorar la situación e heterogeneidad estructural sino que es conveniente fijar unas políticas que acompañen a ese incremento de productividad y conocer de manera exhaustiva las regiones donde se vayan a reproducir este cambio estructural, ya que de lo contrario podría no obtenerse los resultados previstos.
Por otro lado, la reducción de la desigualdad se encuentra entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de aplicación universal, respecto a los cuales, los distintos países reunidos en la cumbre de Naciones Unidas en septiembre del 2015, propusieron una serie de medidas para intensificar esfuerzos y así contribuir a poner fin a la pobreza en todas sus formas, a la reducción de la desigualad y a la lucha contra el cambio climático. No obstante, los instrumentos socioeconómicos que se han identificado para conseguir los distintos objetivos señalados no parecen ser los más idóneos, puesto que la Inversión Extranjera Directa (IED), los Tratados de Libre Comercio (TLC) y/o la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), entre otros, son mecanismos que han fomentado precisamente la desigualdad entre las distintos territorios de América Latina (Easterly, 2015; Suanes, 2016). Por lo tanto, es difícil ser optimista ante estos ODS promulgados por la ONU.
A partir de esta realidad de desigualdad, es conveniente plantear una alternativa sólida y sostenible. Por ello, el objetivo central de este trabajo es desarrollar una alternativa desde una perspectiva de decolonialidad que puede responder, de una manera más adecuada, a las necesidades socioeconómicas de mejora de la redistribución y del bienestar individual y social.
Dentro de las alternativas existentes para posibilitar la mejora en la generación de oportunidades socioeconómicas, en este artículo se propone la Concienciación Colectiva Endógena -CCE- como motor que impulse el bienestar de una región, mediante la elaboración de proyectos que promuevan la participación de los agentes territoriales implicados y conectados con el espacio de la comunidad para el logro de objetivos colectivos. Esta concienciación colectiva, aunque tiene un enfoque de decolonialidad, se diferencia de ella en que no rechaza de manera absoluta todo lo que provenga de herramientas de signo de colonialidad, sino que considera que pueden ser recuperables algunos elementos y adaptarlos en este alternativo concepto de desarrollo. También se considera en este trabajo las diferencias entre la CCE y los conceptos de Responsabilidad Social Corporativa –RSC- y de Valores Compartidos –VC-, con objeto de puntualizar las especificidades de estos conceptos y su relación con el desarrollo.
De esta manera, la misión de este trabajo gira en torno al análisis del proceso de desarrollo socioeconómico latinoamericano desde la colonización hasta la actual situación se desigualdad y a la caracterización del concepto de Concienciación Colectiva Endógena, destacando, como principal instrumento dentro de ella, la construcción de proyectos iniciados por un Equipo Promotor del Cambio -EPC-. Para ello se ha partido de la revisión y análisis sistemático de la literatura existente sobre el concepto de colonización, descolonización, colonialidad, decolonialidad, cambio estructural, desarrollo y su aplicación en diferentes territorios, señalando cómo la aplicación de un concepto único de desarrollo, puede ocasionar una no idónea distribución de los recursos socioeconómicos generando así desigualad. Por ello, este trabajo plantea la importancia de instaurar una concienciación colectiva suficiente para dinamizar un desarrollo endógeno sustentable, con el fin de posibilitar una mejora en cuanto a la situación de desigualdad socioeconómica presente en los territorios de América Latina.
En la primera parte del artículo se hace referencia a los procesos socioeconómicos implantados en América Latina desde la colonización hasta una posible alternativa de decolonialidad, aunque destacando la colonialidad para explicar la situación de desigualdad. En la segunda parte, se hace una aproximación a otros instrumentos provenientes de la CEPAL y la ONU como el cambio estructural y los Objetivos del Desarrollo Sostenible para combatir el problema de la desigualdad. Sin embargo, los mecanismos que proponen ambas instituciones no parece que vayan a erradicar tal situación. La tercera parte, desarrolla el concepto de CCE que pretende ser una alternativa que posibilite la satisfacción de las nuevas realidades y desafíos socioeconómicos de la sociedad actual latinoamericana y fomente el grado de bienestar social. En este sentido, se explica el elemento clave que configura el concepto de la CCE, la construcción de proyectos a través de un EPC vinculados con el entorno, que contribuya a la generación de oportunidades en la comunidad. Por último, se analiza las diferencias entre la CCE, la RSC y el CVC, terminando con las principales conclusiones derivadas de este trabajo, y las referencias bibliográficas utilizadas para el desarrollo del mismo.
Los procesos de desarrollo en los países latinoamericanos: colonización, descolonización, colonialidad y decolonialidad
La realidad socioeconómica de desigualdad en los países en vía de desarrollo latinoamericanos, situación todavía presente en el siglo XXI, es el resultado de un proceso que parte desde la colonización, sigue en los procesos de descolonización y continúa hasta la actual globalización. Asimismo, los diferentes grados de desigualdad presentes en los territorios de América Latina, empieza a vislumbrarse desde la colonización, con diferente influencia sobre los territorios y comunidades.
La colonización, entendida como un proceso que pretende implantar en el Nuevo Mundo una estructura socioeconómica imitando y/o duplicando a las regiones peninsulares (Gómez, 2004), tenía como objetivo, entre otros, la ocupación de un espacio, dominando, explotando e, incluso, generando conflicto en un territorio por parte de otro, para lograr el control de sus recursos. Este sistema de colonización, llevado a cabo de una forma -mayoritariamente- no pacífica, tenía un marcado carácter socioeconómico ya que, por un lado, se pretendió instaurar e imponer un concepto de progreso propio de los países colonizadores y así apropiarse de todos sus bienes naturales para sus intereses socioeconómicos; por otro lado, como con el fortalecimiento del mercantilismo, se necesitaba encontrar rutas alternativas para el comercio, la colonización de nuevos territorios brindó esa oportunidad No obstante, algunas sociedades se mantuvieron aisladas y/o resistieron a estos procesos colonizadores, perdurando esta situación hasta el día de hoy. También, respecto a la colonización, junto con los aspectos económicos hay que señalar que se transmite una determinada interpretación y visión del mundo a través de la religión y bajo los dictámenes de la nobleza que se convierten en costumbre dentro de la sociedad.
Entre las consecuencias más significativas que padecieron estos territorios colonizados es de señalar la esclavitud (Andrés-Gallego, 2010) y la encomienda (Mira, 1997; Galeano, 2004), además de ciertas enfermedades provenientes de Europa –viruela, sarampión, tifus, gripe- contra las que las poblaciones indígenas no poseían medios para su resistencia. La diferente incidencia de estos factores empezó a generar, en el territorio latinoamericano, una situación de desigualdad y dependencia socioeconómica que, a día de hoy, no ha sido resuelta todavía.
Durante el siglo XIX, con la caída del régimen absolutista y la evolución española en un Estado Liberal, empiezan a tener lugar las independencias hispanoamericanas descolonizadoras. Previamente, se dieron revueltas y rebeliones motivadas, entre otras causas, por las ideas liberales provenientes de la ilustración europea (soberanía nacional, derechos individuales, contrato social de Rousseau) que fueron difundidas a partir de las universidades y que eran contrarias a las actuaciones socioeconómicas de los colonizadores con su Imperio Latinoamericano (Núñez, 1989). Con este panorama de descontento por parte de la población de América Latina, empezaron los movimientos descolonizadores, poniendo en énfasis la independencia de sus pueblos respecto al sistema colonial imperante en sus comunidades al que consideraban injusto y desigual puesto que, entre otros apartados, estaban excluidos de las máximas decisiones socioeconómica y éstos querían recuperar su responsabilidad y soberanía (Pérez, 2010).
No obstante, con la descolonización los países colonizados consiguen su independencia nacional (constituyendo estados- nación), mediante revoluciones como rechazo hacia los territorios colonizadores, pero mayoritariamente desde un enfoque sólo político-jurídico puesto que se mantuvieron, generalmente, las antiguas estructuras socioeconómicas (Pastor, 2013). Esto indica que el concepto de desarrollo y/o progreso no ha sido modificado en sus rasgos fundamentales socioeconómicos, por lo que la descolonización no ha servido de manera sustancial para poder evitar la situación de desigualdad socioeconómica que todavía sigue presente en la región latinoamericana, aunque parecía que su reducción era uno de los objetivos prioritarios de los procesos descolonizadores.
De esta manera, la descolonización no consiguió acabar con las estructuras socioeconómicas fomentadas desde el colonialismo que desarrollaron situaciones de desigualad en las distintas comunidades latinoamericanas hasta la actualidad (Bulmer-Thomas et al., 2002). A partir de esta falta de equidad socioeconómica presente hasta nuestros días, en los diversos pueblos de Latinoamérica, se explica la colonialidad (Quijano, 1992; Estermann, 2014) como un proceso socioeconómico caracterizado, entre otros elementos, por una división internacional del trabajo hegemónico entre el centro y la periferia, un darwinismo social aplicado en las interactuaciones empresariales y una jerarquización étnico/racial que incide de manera transversal en los distintas esferas socioeconómicas que configuran el entorno. Esto sirve para explicar que la descolonización no fue suficiente para una trasformación significativa en el bienestar general de la población sino que, desde la colonización, el espacio socioeconómico se ha ido adaptando sutilmente bajo los requerimientos socioeconómicos de los nuevos contextos que marcaban los distintos sistemas, desde el mercantilismo hasta el capitalismo de globalización. Por consiguiente, las estructuras socioeconómicas globales establecidas durante un periodo de más de quinientos años no se evaporaron a través de una descolonización de índole político-jurídica por parte de la periferia sino que se ha ido configurando, fomentando e instalando un sistema-mundo-euro-norteamericano capitalista/patriarcal/moderno/colonial/ heterárquico (Vargas, 2011) que ha desarrollado una importante desigualdad en las comunidades de América Latina y respecto al cual, parece no existir alternativa socioeconómicas sólida que mejore tal situación (ver figura 1).
Fuente: Elaboración propia
La colonización configuró un sistema socioeconómico bajo medios feudales, mercantilistas, esclavistas y de encomienda que reflejaba el control de los recursos energético a través de la explotación y dominio con el ser humano, naturaleza y reino animal (Bulmer-Thomas et al., 2002). Una vez conseguida la independencia por parte de los países de América Latina, los mecanismos socioeconómicos utilizados tampoco consiguen paliar situaciones de desigualdad puesto que, entre otros factores, persisten procedimientos productivos que condicionan el deterioro del medio natural, utilizándose éste tanto como obtención de recursos indispensable para la supervivencia como vertedero del sistema socioeconómico; las instituciones territoriales son de identidad extractivas cuya toma de decisiones en aspectos socioeconómicos importantes no se realiza de manera colectiva sino individualista, promoviendo así un modelo social coercitivo (Acemoglu y Robinson, 2012) y, además, se aplica un único concepto de desarrollo y/o progreso, importado desde los países más desarrollados, que es adquirido por las regiones latinoamericanas, no generando su propia dinámica (Mignolo, 2010). De esta manera, la incorporación de un desarrollo esencialmente ajeno puede no atender a las especificidades territoriales, pudiendo ocasionar importantes perjuicios en el bienestar de las comunidades y niveles relevantes de desigualdad.
La descolonización, en definitiva, no ha sido el nodo necesario para construir una alternativa profunda que posibilite cambios económicos, políticos y socioculturales que supongan, entre otros, la generación de oportunidades básicas, materiales y espirituales para la población latinoamericana en su conjunto y de manera equitativa. A su vez la colonialidad repercute en el sistema socioeconómico latinoamericano, no sólo a niveles globales sino también en lo local, puesto que la crisis ecológica (huella ecológica); la desigualdad socioeconómica (vertical y horizontal); la pobreza general y extrema; la redistribución inequitativa de los recursos, y la pérdida de identidad y cultura autónoma de los territorios, son situaciones que afectan negativamente y de manera general a toda la sociedad y comunidades de América Latina y que supone, en caso de que no se consiga resolver la situación, un gran obstáculo socioeconómico para las próximas generaciones venideras.
En este contexto y dado los resultados socioeconómicos que se reflejan en el continente latinoamericano de desigualdad a consecuencia, entre otros factores, de un proceso globalizador de colonialidad, surge la decolonialidad (Grosfoguel y Castro- Gómez, 2007) pero no como una alternativa o superación de la colonialidad sino como un rechazo de la misma para crear una cosmovisión nueva. Esta decolonialidad surge de los propios países de América Latina donde reclaman un concepto del desarrollo y/o progreso distinto frente al que subraya el proceso colonial, desde una perspectiva que respete la equidad del ser humano, la identidad de sus pueblos y la sustentabilidad de su entorno natural.
¿Alternativa socioeconómica? Un cambio estructural y unos Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de perspectiva colonial.
Hay que señalar que la CEPAL, entre sus objetivos de reducción de la desigualdad, diagnóstica, en primer lugar, una heterogeneidad estructural; y, en segundo lugar, para contrarrestar esta situación, la CEPAL está profundizando en el concepto de cambio estructural (CEPAL, 2010, 1012, 2014, 2016), para que los países de esta región inviertan en actividades económicas que diversifiquen su matriz productiva, generen difusión tecnológica y produzcan una sinergia intersectorial que genere empleo de mayor productividad y así contribuya a mejorar la situación actual de desigualdad en la región latinoamericana.
La heterogeneidad estructural se genera cuando existen amplias diferencias en cuanto a niveles de productividad del trabajo, tanto entre las distintas actividades económicas como en el interior de sus sectores, por lo que hay una evidencia de “doble” heterogeneidad estructural (Cimoli, Porcile, Primi y Vergara, 2005). A veces se asocia este concepto de heterogeneidad al de dualismo, en el que se distinguen a trabajadores ocupados en actividades de subsistencia, carentes de productividad (mayoritariamente trabajos informales) y trabajadores empleados en los sectores modernos de la economía con un elevado grado de productividad. La heterogeneidad estructural es un fenómeno más complejo que abarca diversas esferas de la socioeconomía en el espacio latinoamericano.
Ante esta realidad de heterogeneidad estructural que se ha convertido en un problema endémico potenciando una gran informalidad, Latinoamérica, según la CEPAL (2010, 2012, 2014, 2016), requiere de un patrón de crecimiento y desarrollo que debe ir orientado a un cambio estructural que mejore la productividad y busque la formalidad en el empleo. El cambio estructural posibilita diversificar la economía y amplíar la participación en la estructura productiva de los sectores con mayor intensidad en conocimientos e innovación (Dosi, Pavitt y Soete, 1990), impulsando así aumentos en la productividad, tanto en su propio sector como hacia otros sectores -eficiencia schumpeteriana- y con una mayor tasa de crecimiento y dinamismo tanto en demanda externa como en la interna, con efectos positivos sobre la producción y el empleo -eficiencia keynesiana- (CEPAL, 2010). La combinación de estos dos tipos de eficiencia en la matriz productiva se denomina eficiencia dinámica, porque genera tasas más altas de productividad, innovación y empleo. Asimismo, este cambio estructural no es un proceso de desarrollo que sólo refleje crecimiento económico sino que persigue una transformación estructural, apoyado por los sectores económicos más dinámicos, posibilitando así una dinamización del desarrollo territorial (Francke 2011). También, un cambio estructural (CEPAL, 2012) debe fomentar la sinergia en el conjunto de la economía con encadenamientos hacia atrás y hacia delante y con el apoyo a los sectores de productividad intermedia para vincularse de manera más dinámica con empresas más grandes o sectores de mayor liderazgo en productividad. Así, el empleo modifica su estructura desplazando paulatinamente la población activa desde sectores de baja productividad hacia nuevos sectores que van dando mayor intensidad al espacio intermedio, por lo que el cambio estructural genera una oportunidad de empleo en sectores de mayor productividad, estimulando la mejor cualificación de éstos, mejores salarios y una menor tasa de desempleo e informalidad, es decir, mejores condiciones laborales. Todo esto tiene efectos positivos también en la reducción de la pobreza y la igualdad. Por lo que la única fuerza que reduce la situación de heterogeneidad estructural en la economía latinoamericana está asociada al cambio estructural. (CEPAL, 2010).
Sin embargo, ¿este cambio estructural propuesto por la CEPAL modificará la estructura de colonialidad aún presente en países de América Latina, clave en la situación actual de desigualdad?
Si a este cambio estructural sólo tienen acceso un pequeño grupo de corporaciones y sus excedentes económicos van a ser dirigidos hacia un reducido número de personas reforzando así la mala redistribución de los recursos socioeconómicos que padece hoy los territorios de América Latina, el proceso de colonialidad no se verá afectado y por tanto, la desigualdad se mantendrá como un problema endémico de la región.
Sin embargo, no se trata únicamente de que en este cambio estructural se vea implicado el mayor número de empresas y que los excedentes económicos generados se extiendan a la mayoría de personas y actores de la comunidad, sino que obedece a una transformación orientada a una alternativa en el concepto de desarrollo caracterizado en cuatro apartados: en primer lugar, considerar a todo el espacio socioeconómico en la elaboración de propuestas; en segundo lugar, fomentar la participación de los actores territoriales vinculados con la actividad económica a tratar, para el establecimiento de las medidas pertinentes; en tercer lugar, formular proyectos con viabilidad socioeconómica (es decir, no sólo financiera sino medioambiental, social, política, entre otros); y en último lugar, construir una concienciación colectiva de todos los integrantes que representen a los territorios, ya que valores como la confianza, la voluntad y el compromiso van a ser fundamentales no sólo para la edificación de tales proyectos sino para su mantenimiento a lo largo del tiempo.
También es importante subrayar que, para el cambio estructural que propone la CEPAL, no sólo es suficiente estimar los “efectos directos“ y más visibles - como la transformación de la matriz productiva de un alto contenido tecnológico, de mayor valor agregado y un aumento en la diversificación en estos tipos de productos- sino también, y de manera relevante, los “efectos indirectos” vinculados a un entorno socioeconómico propicio para que se consiga el objetivo del cambio estructural; es decir, es conveniente tener en cuenta un conjunto de instrumentos políticos y económicos adecuados y asociados a este “cambio”de carácter fiscal, de infraestructuras, comercial, educativo, universitario, agrario, crediticio, monetario y el tipo cambiario, fundamentalmente. Por ejemplo, la política cambiaría adquiere una singular importancia por dos motivos: el primero, es que una tasa de cambio competitiva es un elemento básico para promover un cambio estructural puesto que hay evidencias empíricas de que el tipo de cambio real es un determinante significativo para el crecimiento y desarrollo económico incluso favoreciendo la diversificación y exportación productiva (Bresser, L., 2005); y el segundo es que, en un contexto de acuerdos internacionales (Organización Mundial de Comercio, acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales) se restringe la utilización de aranceles y subsidios.
Otro elemento a resaltar en este cambio estructural es la importancia del desarrollo territorial y local, considerando a los territorios como un espacio y núcleo transformador socioeconómico. Es decir, trabajar hacia un cambio estructural no significa sólo modificar, generalmente, un sistema productivo hacia sectores más tecnológicos y con mayor valor añadido, con empleos de mayor cualificación y mejores salarios; también se necesita relacionar ese cambio con las realidades que endógena y exógenamente configuran la región; todos los territorios tienen su idiosincrasia, sus especificidades reales y potenciales y el conocimiento exhaustivo de todos estos elementos es clave para iniciar este cambio estructural. Por lo tanto, lo idóneo es, en primera instancia, conocer el territorio, identificando las variables reales y potenciales que lo definen, realizar un diagnóstico completo del mismo y, a partir de ello, diseñar y aplicar las medidas más adecuadas que vayan contribuyendo a ese desarrollo territorial y que pongan de manifiesto ese cambio estructural que origine una mejora en el bienestar de la sociedad (Rodrik, 2007)1.
Plantear un cambio estructural como un proceso estratégico cuyo fin único es la transformación de la matriz productiva de una estructura socioeconómica, sin partir del conocimiento del territorio y sin un acompañamiento de políticas instrumentales asociadas a tal cambio, no será suficiente para obtener un desarrollo económico que mitigue la situación actual de desigualdad. Esto va más allá de la implantación de líneas estratégicas que supongan un incremento de la productividad, de diversificar la producción para la exportación, de aumentar el nivel institucional o incluso de invertir en innovación. Además y, con carácter prioritario, hay que tener en cuenta la interacción entre los agentes territoriales dentro del espacio sobre el que actúan, manteniendo la personalidad y la idiosincrasia de la región; es decir, hay que tener en cuenta todos los elementos materiales e inmateriales que intervienen en el territorio. Por tanto, el cambio estructural debe realizarse desde, en y hacia el territorio y con unas políticas complementarias que beneficien ese cambio.
1 Dani Rodrik destaca tres pasos para el diseño de estrategias de crecimiento y potenciar así el desarrollo; el primer elemento es el análisis diagnóstico del territorio; el segundo el diseño de política que vayan dirigidas de forma adecuada a la variables endógenas identificadas; y, el tercero es la institucionalización del proceso diagnóstico y de respuesta de las políticas para garantizar la perpetuidad del desarrollo.
Por lo tanto, plantear y desarrollar un cambio estructural requiere de inversiones que incrementen la productividad, asociadas a políticas que acompañen a ese cambio, requiriendo de la participación de los diferentes actores territoriales con el fin de corregir desequilibrios vinculados con la desigualdad socioeconómica./p>
Asimismo, este cambio estructural debe ir sustentado por una alternativa en el concepto de desarrollo que contribuya a propiciar un conjunto de transformaciones tanto en la estructura socioeconómica, como en la conciencia de la sociedad respecto a la búsqueda de una nueva socioeconomía. Para ello, como señala Vázquez (2005: 30) va a ser imprescindible en un proceso de cambio estructural la consideración de que “ el espacio no es un mero soporte físico de recursos, actividades y procesos económicos, sino que es un agente de transformación socioeconómico”.
También hay que destacar, por otra parte, los objetivos de desarrollo sostenibles (ODS) que proponen, de manera general, establecer unas líneas de actuación que ayuden a erradicar la pobreza, combatir la desigualdad y el cambio climático. Los ODS vienen precedidos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), establecidos en el año 2000, que perseguían reducir la pobreza general y extrema a la mitad como uno de sus retos a lograr, siendo, precisamente, América Latina, una de las regiones donde se ha conseguido (CEPAL, 2016). Asimismo, con el establecimiento de los ODM y sus logros conseguidos, no ha sido suficiente para acabar con la desigualdad latinoamericana, por lo que ha sido necesario incorporar este fenómeno socioeconómico entre los ODS desarrollados por la ONU. No obstante, continua la atención a las líneas de actuación definidas por este organismo para cumplir con el objetivo de reducción de la desigualdad “en y entre los países”.
Los ODS proponen, para mejorar la inequidad socioeconómica existente, alentar la inversión extranjera directa (IED), los tratados de libre comercio (TLC) y la ayuda oficial al desarrollo (AOD). Pero, ¿acaso no se están aplicando ya herramientas vinculadas con la IED, TLC y AOD y no se está consiguiendo acabar con la desigualdad?. También es, por lo menos cuestionable, que los ODS manifiestan que para aplicar los TLC deben de ser de conformidad con los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio y con trato especial y diferenciado; entonces ¿los actuales TLC no partían de estas condiciones?; en caso de que no las contengan, se plantean dos interrogantes: la primera, ¿por qué siguen en vigor TLC que no cumplen con estas condiciones?; y la segunda ¿qué interés y voluntad pueden tener los países implicados firmante de los TLC en modificarlos?. Con respecto a la AOD, aunque es incuestionable su necesidad y aportación para ayudar a territorios con graves problemas socioeconómicos, son muchos los especialistas, que denuncian sus procedimiento ya que repercuten muy poco en la reducción de la desigualdad socioeconómica (Easterly, 2015). De esta manera, es imprescindible redefinir el concepto de desarrollo y sus instrumentos (entre otros, IED, TLC y AOD) para contribuir a mejorar la situación de desigualdad en América Latina.
El cambio estructural dirigido desde la CEPAL y los ODS que fomentan la ONU son propuestas para contribuir a un desarrollo socioeconómico hacía las naciones menos favorecidas. No obstante, el objetivo final debe ser una generación de oportunidades socioeconómicas que persiga el bienestar general de los territorios y esto no se puede lograr si no existe un cambio conceptual del desarrollo y/o progreso que posibilite ir abandonado la perspectiva de colonialidad, instaurada en los procesos de desarrollo, ya que no está ayudando a disminuir la desigualdad.
Por lo tanto, hay que construir una alternativa al desarrollo como señalan posiciones decoloniales o, de otra manera, hay que plantear propuestas de desarrollo alternativo como el desarrollo endógeno, desarrollo sostenible, desarrollo rural o desarrollo local, entre otros.
La concienciación colectiva endógena bajo perspectiva decolonial
Las posiciones decoloniales niegan y rechazan la gran mayoría de los fundamentos que representan el concepto actual de desarrollo, sosteniendo que la solución no es plantear un desarrollo alternativo sino directamente una alternativa empezando a descender desde el “punto cero” (Vargas, 2011).
Entre las propuestas consideradas como alternativas al desarrollo de signo decolonial, podrían caber planteamientos como los del Buen Vivir (Acosta, 2013), que destacan una vida en armonía con el ser humano, la comunidad y la naturaleza; la teoría del decrecimiento (Taibo, 2015), que manifiesta una reducción de la producción, la acumulación y los hábitos de consumo para la mejora en el nivel de vida; la economía circular (Palma, 2016), que trata de disminuir la entrada de productos vírgenes en el ciclo productivo a través del reciclaje, la reutilización y recuperación del proceso de producción que supongan un restablecimiento del medio ambiente; y la economía del Bien Común (Felber, 2012), que pretende la implantación de una “nueva economía” alternativa a los mercados financieros mediante una “nueva contabilidad” en las empresas. Todas ellas, son propuestas de transformación socioeconómica que reivindican una visión diferente en la elaboración de un proceso para lograr bienestar y, por lo tanto, conllevan una crítica a esa visión generalizadora sobre el concepto de desarrollo actual. Sin embargo, aunque es necesario plantear una alternativa al desarrollo, de carácter decolonial, para contribuir a la reducción de la desigualdad, no es acertado rehusar de manera definitiva todos los elementos que provengan del concepto actual de desarrollo, ya que se pueden incorporar aquellas herramientas que se adapten y supongan un valor añadido para los nuevos elementos que configuren la nueva propuesta alternativa.
De igual manera, un elemento clave del que partir para construir un nuevo desarrollo que favorezca la reducción de la desigualdad, es la conciencia ya que éste es un valor puesto en práctica ante cualquier tipo de injusticia socioeconómica (Saramago, 2011)2. Por lo que, para edificar una alternativa al desarrollo, puede partirse de este concepto y adaptarlo, entre otros territorios, a esta realidad de desigualdad socioeconómica latinoamericana, proponiendo así el concepto innovador de “Concienciación Colectiva Endógena (CCE)”.
2 José Saramago. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Disponible en: https://www. youtube.com/watch?v=AvBypYy_EHA, revisado el 15 de mayo de 2016.
Sin embargo, la CCE no pretende ser un concepto que aísle las políticas tradicionales de acumulación de capital, e incluso las que provienen de la economía ortodoxa en su totalidad, sino que se considera complementaria a estos instrumentos, destacando y priorizando elementos como los recursos endógenos de un territorio para impulsar su desarrollo. Además, la CCE propone y apuesta por la elaboración de proyectos protagonizados por un equipo promotor del cambio (EPC) conformados por los actores locales del territorio, en función del sector económico, como herramienta que contribuya a la no concentración de recursos.
La CCE busca un desarrollo conectado siempre con las distintas esferas que configuran cualquier territorio. Para ello, reconoce diferentes elementos del desarrollo alternativo específicamente del desarrollo endógeno -la perspectiva territorial, la mayor eficacia decisoria cuando las políticas las realizan los agentes territoriales, la importancia metodológica de los estudios de casos y la “endogeneidad”- como una oportunidad en el proceso socioeconómico de las comunidades. La teoría del desarrollo endógeno destaca una interpretación de la realidad que pueda dar respuestas útiles ante necesidades socioeconómicas, donde la iniciativa y la participación de los actores locales serán clave para su resolución, permitiendo así generar oportunidades. Por ello, la CCE en su proceso de desarrollo, toma como punto de partida la dotación de recursos integrantes de un territorio y su capacidad de generar desarrollo, analiza los mecanismos y las interacciones a nivel sectorial y poblacional y, a partir de ello, propone nuevas líneas de actuación que contribuyan a la mejora de los niveles de vida de la comunidad, respetando la sustentabilidad del espacio socioeconómico y fomentando la creación de EPC, actores comprometidos y vinculados con el entorno y la comunidad, de manera que favorezcan las dinámicas de desarrollo mediante el asociacionismo.
Por tanto, la CCE plantea una nueva forma de construir desarrollo entre los actores territoriales de una comunidad. Por un lado, se trata de utilizar la concienciación como elemento que fomente una responsabilidad entre los partícipes de un territorio para que los instrumentos que se apliquen en el proceso de desarrollo, además de respetar el entorno socioeconómico, posibiliten no incrementar la desigualdad sino una mejor redistribución de la riqueza; Por otro lado, la instrumentalización de las acciones se realiza a través de fórmulas como el asociacionismo ya que será importante conseguir el logro de los objetivos socioeconómicos, de manera colectiva. Por último, se destacan los recursos socioeconómicos endógenos, sin rechazar lo exógeno, para el nacimiento de nuevas organizaciones y mejorar la capacidad socioeconómica y organizacional de los agentes locales; si lo exógeno no agrede a las comunidades locales respetando su entorno socioeconómico, es adecuado para su incorporación en el proceso de desarrollo (Sevilla, 2006). Para todo ello, la CCE pretende desarrollar iniciativas locales a través de la configuración de EPC que construyan proyectos socioeconómicos donde se integren las acciones posibles ajustándose a las necesidades propias de la comunidad, sin olvidar una generación de oportunidades que pueda contribuir a paliar la desigualdad y posibilitar el bienestar socioeconómicos de las poblaciones.
La CCE es un proceso generado en la propia comunidad, un activo arraigado a un sistema de valores, a una cultura a una verdadera sensibilización, a unos hábitos de comportamientos colectivos, que señala la manera de cómo los actores territoriales interactúan entre sí y se unen, organizándose, para generar su propio desarrollo. Esta concienciación es un bien de propiedad exclusivo de la región que lo fomenta y está sumamente conectado con las especificidades del entorno.
La idea de la concienciación colectiva endógena es plantear una alternativa a los límites del capitalismo. A medida de que exista un mejor conocimiento del territorio, el éxito será mayor con respecto al bienestar de la sociedad, puesto que no sólo atenderá de una forma más eficiente a las necesidades de la población sino que, por otro lado, pueden surgir y dinamizarse mercados relacionados con productos que satisfagan las necesidades de la región.
El EPC promotor del cambio tiene que establecer alianzas estratégicas con los grupos más representativos relacionados con el sector a tratar, mediante instrumentos con signo de asociacionismo. Este EPC puede fomentar, entre otras posibles propuestas, la creación de organizaciones, relacionadas con la economía social y solidaria, adaptándolas a la actividad socioeconómica donde se desarrolle. Si, una vez realizado el diagnóstico, existe la certeza de que la creación de una organización es una posible alternativa, ésta debe ser gestionada y controlada por personas del equipo, capaces de alcanzar viabilidad socioeconómica y de manera que los excedentes económicos generados acaben en la propia organización y/o en la comunidad donde ésta se desarrolle.
En este sentido, existen numerosas comunidades latinoamericanas que utilizan métodos ancestrales destacando la cooperación entre los actores territoriales dentro de la misma comunidad, como el aynika3, siendo este instrumento perfectamente incorporable en los EPC ya que contiene elementos de carácter asociativo. Fórmulas como éstas posibilitan desarrollar un sistema de valores que guíe el proceder del EPC, contribuyendo a generar la confianza necesaria para llevar a cabo los proyectos. Valores como el compromiso por elaborar los objetivos comunes y su empeño en desarrollarlos, la voluntad, la honradez en el manejo de los recursos, la responsabilidad en el cumplimiento de las propuestas, el compañerismo, la cooperación, la equidad, la actitud proactiva, la solidaridad, la sensibilidad suficiente para elaborar actividades que contribuyan a fomentar una conciencia colectiva, la iniciativa de trabajar en equipo, entre otros, son elementos importantes para generar y transferir una confianza permanente entre los integrantes que engloben el proyecto y, además, pueden ser determinante para su éxito. La obtención y mantenimiento de estos valores deben ser incentivados durante el desarrollo del proyecto por parte de los partícipes, aunque la mejor motivación es alcanzar cada línea de actuación propuesta según los plazos determinados.
Existen inconvenientes con respecto a estos valores y, entre otros, puede señalarse la gran dificultad en el establecimiento de parámetros para su cuantificación; de conseguir establecerse estos indicadores, podría obtenerse un conocimiento importante sobre el grado de satisfacción vinculado a los valores señalados y, en caso de ser negativo, poder subsanarse.
Los integrantes que participen en estas iniciativas deben implicarse en el proyecto, aportando sus ideas, saberes, o conocimientos obtenidos mediante su experiencia, siendo protagonistas en la toma de decisiones y fomentando que la distribución de los excedentes económicos generados, puedan contribuir a una concienciación suficiente, que posibilite el proceso de desarrollo hacia la mejora de su situación de desigualdad.
De esta manera, las personas implicadas pueden sentirse útiles y partícipes en el proceso de desarrollo que defina el proyecto considerándolo como algo propio que les pueda posibilitar alcanzar no sólo su desarrollo individual sino el de la comunidad. Sin embargo, los fines colectivos y esta concienciación no se consiguen a corto plazo aunque se irán logrando de manera gradual siempre y cuando los integrantes iniciadores del proyecto mantengan su interés, voluntad y compromiso de potenciarlo.
Para conseguir que se impliquen los diferentes actores territoriales y que adquieran los valores anteriormente citados resulta imprescindible en el EPC el establecimiento y la reflexión entre sus integrantes, y de manera conjunta, sobre un concepto que defina el “sentido”, la “existencia” y la “razón de ser” del propio EPC, previo incluso a proponer medidas socioeconómicas y de fomentar valores. Además, el EPC adaptará su “razón de ser” en función de la idiosincrasia socioeconómica de cada entorno, donde los integrantes deberán integrarlo en sus dinámicas territoriales.
Asimismo, el EPC es “la herramienta” clave de la CCE, decidiéndose, -mediante la elaboración de proyectos-, métodos participativos e integrados por los actores territoriales implicados y desarrollándose una alternativa que puede contribuir a mejorar su situación socioeconómica, dejando constancia de que son facilitadores de un proceso de desarrollo, siendo –por tanto- la sociedad en sí, la verdadera decisora de tal proceso.
De esta manera, la población y sus actores territoriales son los que deben asumir las responsabilidades y enfrentarse a los desafíos y retos socioeconómicos comunes vinculados con la desigualdad sin actuar sólo como meros espectadores en el desarrollo de sus regiones aislándose en la toma de decisiones, bajo un enfoque desde arriba, ya que todos son protagonistas del destino de su espacio socioeconómico.
Para la elaboración de proyectos con un enfoque de CCE e iniciados por el EPC se requieren las siguientes etapas:
• Etapa 1. Desarrollo del diagnóstico del espacio socioeconómico, según tres grandes ejes de manera general, ya que específicamente debe adaptarse en función del sector y del territorio:
- Diagnóstico multidimensional: Aspecto institucional, político, cultural, social, de infraestructura, financiero, comercial, tecnológico, medio ambiental, educativo y económico.
- Diagnóstico de los modos de producción: Producción, transformación, distribución, comercialización y reciclaje existentes (productores).
- Diagnóstico de las relaciones socioeconómicas que se originan con respecto a las distintas actividades económicas que intervienen en el territorio.
• Etapa 2. Establecimiento de un plan de acción.
• Etapa 3. Análisis de la viabilidad socioeconómica del plan de acción.
• Etapa 4. Calendarización del plan de acción.
• Etapa 5. Ejecución del plan de acción y seguimiento.
Este procedimiento se plantea para iniciar un proceso de desarrollo con carácter de asociacionismo, priorizando los recursos endógenos de la comunidad y potenciando las condiciones para el alcance de la resiliencia en el territorio. Esto último se refiere a la capacidad de los territorios, o de los proyectos, para hacer frente a las adversidades socioeconómicas, superarlas, e incluso transformarlas en una posible oportunidad donde pudiera proponerse una alterativa nueva que contribuya a la mejora socioeconómica de la comunidad.
En el caso de que el EPC propusiera, -una vez realizado el diagnóstico-, la creación de una organización empresarial, ésta, para configurarse dentro del marco de una Concienciación Colectiva Endógena, debe caracterizarse, entre otros aspectos, por ser una empresa de economía social de carácter asociativo, con eficiencia empresarial y con identidad local. Esto le confiere unos elementos específicos subrayando la fiscalización de los excedentes económicos, estando éstos a disposición de la propia organización y repercutiendo en la mejora de su logística para el beneficio de la comunidad. También, el EPC debe orientarse en la organización de una misión y visión acorde a los principios de la CCE de signo colectivo y asociativo.
La gestión de esa organización debe funcionar como en una empresa, donde se trabaje en buscar su eficiencia y viabilidad empresarial ya que, de lo contrario, en poco tiempo no sería sustentable; pero sin olvidar que los resultados no sólo persiguen la rentabilidad económica, sino también una rentabilidad social, ambiental y territorial, respecto al entorno donde desarrolla su actividad. Por último, es importante adecuar la creación de este tipo de organizaciones con las características socioeconómicas específicas de la comunidad, ya que así contribuye a crear identidad local, siendo éste un valor importante para generar concienciación colectiva.
Existen otros conceptos Relacionados con la CCE - como es la responsabilidad social corporativa (RSC) (Ballesteros, 2016) y el concepto de valores compartidos (CVC) (Porter y Kramer, 2011)- que, aunque tienen aspectos comunes, también presentan particularidades a señalar. En este sentido, por un lado, los tres conceptos tienen un denominador común que es la generación de un valor añadido por parte de las corporaciones con respecto a los territorios, relacionado con la responsabilidad social de las mismas. Por otro lado, como se ha indicado previamente, existen matices diferenciales entre los tres, respecto a lo que pueden recogerse diferentes tendencias: por una parte, se señala que las empresas no tienen ninguna obligación social, puesto que ya implícitamente la incorporan por el hecho de ser empresa y ésta de por sí genera utilidades a la sociedad mediante sus inmediatos efectos de crear empleo y riqueza, por lo que el desarrollo normal de una empresa ya supone unas externalidades positivas en la sociedad y, además, los posibles problemas socioeconómicos que surjan en una región son ajenos a la empresa. Por otra parte, la corriente cuyos expertos coinciden en incidir en que las organizaciones empresariales deben tomar responsabilidades socioeconómicas no sólo con su empresa sino con su entorno. En este sentido, se encuentra el concepto de RSC y CVC (Díaz, 2014) donde la disparidad entre ambos reside en que la RSC tienen un menor impacto en sus acciones y su duración es de corto plazo ya que abordan temas más coyunturales, mientras que el CVC aborda asuntos de contenido más estructural (carreteras, caminos, hospitales), de largo plazo y que aportan un valor significativo para la comunidad. En algunas ocasiones, parece que la RSC puede utilizarse más con el fin de mejorar la imagen corporativa, que para generar un beneficio a la sociedad, mientras que el CVC sí se encamina más hacia ese impacto social positivo.
En América Latina se han aplicado y se continúan aplicando, diferentes modelos socioeconómicos, desarrollados en los diferentes países con un enfoque desde arriba o “big push” (Diez, Gutiérrez & Pazzi, 2014), destacando el proceso de sustitución de importaciones, agro exportador, modelo neoliberal, socialismo del siglo XXI y cambio estructural. También, en la región se han abordado políticas con una perspectiva desde abajo, complementaria y/u opuesta a los modelos más tradicionales vinculados al enfoque desde arriba, centrada en las teorías de desarrollo endógeno y territorial. En esta perspectiva desde abajo, el desarrollo socioeconómico de una comunidad no se consigue únicamente mediante la dotación y adquisición de recursos que posee un territorio, sino que es clave la articulación de los mecanismos y las interacciones producidas en la generación de acumulación de capital (Vázquez, 2004, 2015; Boisier, 2001; Alburquerque, 2004, 2014). Además, la teoría del desarrollo endógeno y territorial prioriza, entre otros elementos, los recursos socioeconómicos pertenecientes a la región para su desarrollo y la participación en la toma de decisiones, de los actores territoriales que configuran la comunidad, que tiene un papel fundamental para la elaboración de líneas de actuación que favorezcan un proceso de desarrollo adecuado y vertebrado con el entorno.
A pesar de que ambos enfoques están siendo implantados en Latinoamérica,- con diferentes signos políticos tanto capitalistas como socialistas- y están contribuyendo a un desarrollo económico en diversas regiones, no está siendo suficiente, puesto que actualmente continúa persistiendo una importante desigualdad socioeconómica territorial.
De esta manera, surge el planteamiento de la CCE ya que, aunque pueda haber un desarrollo socioeconómico, caracterizado por un enfoque desde arriba o desde abajo, persiste en las regiones latinoamericanas ese grado de desigualdad. La CCE se cuestiona que esta situación puede ser debido a que las diversas instituciones que han promovido ese desarrollo socioeconómico, lo han considerado como un fin y queda patente que el fin no reside en el desarrollo económico, sino que tiene que ser el medio para encaminarse al objetivo final de generación de oportunidades socioeconómicas en búsqueda del bienestar general de las sociedades.
La CCE, con aportes decoloniales, pretende ser una alternativa a los planteamientos de desarrollo con signos coloniales, pero sin rechazar de manera absoluta ambas perspectivas, ya que existen aspectos –de las dos tendencias- incorporables en un nuevo proceso de desarrollo que contribuya a reducir la desigualdad.
Sin embargo, existen dificultades socioeconómicas en las regiones en cuanto al planteamiento y aplicación de acciones vinculadas con la CCE, entre las que se destacan:
• En los territorios en vía de desarrollo, su nivel de infraestructura, servicios básicos, estructura de su economía y matriz productiva, en ocasiones, no son suficientes para responder a las necesidades socioeconómicas del territorio, por lo que ya de por sí dificulta la aplicación de una alternativa con CCE.
• En cualquier país, pero especialmente en los países subdesarrollados, y más generalmente en el sector rural, se da una elevada concentración de los recursos (económicos, financieros, naturales, etc.) en un grupo reducido de la sociedad, por lo que el poder decisorio sobre temas socioeconómicos puede estar interesadamente influenciado. La CCE, al orientar sus medidas hacia la participación ciudadana, puede provocar una redistribución en cuanto a la toma de decisiones, por lo que encuentra una gran oposición por parte del sector que ostenta de manera notoria el control de los recursos.
• El marco legislativo vigente en la comunidad, incide en las posibilidades y/o limitaciones en cuanto a la gestión y efectos de la CCE. Esto, en numerosas ocasiones, resulta ser un inconveniente serio debido a que, algunas modalidades de regulación estatal, resultan ser ineficaces para resolver problemas de ámbito local por el desconocimiento real de la situación de los territorios y, al no delegar competencias en las localidades, puede suponer un freno importante al desarrollo. En este sentido, como manifiesta Furió (1994:101): “uno de los problemas del desarrollo local es la falta de un mínimo de articulación entre el ámbito local y el ámbito nacional, en donde en muchas ocasiones se ha estado tentado de pensar que era posible el desarrollo local al margen de las regulaciones definidas a nivel nacional”.
• En relación a lo anterior, hay que resaltar, la insuficiencia de la capacidad local puesto que se necesita más autonomía para gestionar sus procesos de desarrollo, teniendo en cuenta que son conocedores, en primera persona, de su problemática y potencialidades.
• También, por la situación socioeconómica de estas comunidades, se priorizan medidas de corte asistencialista o compensatorio a corto plazo y esto supone retrasar las líneas de actuación orientadas a la CCE, en estos países.
• A veces, es difícil que este tipo de medidas socioeconómicas orientadas a la CCE perdure en el tiempo debido a los cambios políticos.
Ante esta serie de limitaciones que puede existir en los territorios, la práctica de políticas con orientación de CCE, también puede suponer riesgos, como señala Madoery (2001), puesto que, con este tipo de políticas de enfoque territorial, pueden desarrollarse posiciones autárquicas, cerradas, al abusar de medidas “localistas” ajenas a variables exógenas.
Por todo lo anterior, podría definirse la CCE como aquella alternativa de desarrollo, o desarrollo alternativo, que persigue la generación de oportunidades socioeconómicas para satisfacer las necesidades básicas, materiales y espirituales del ser humano por medio de proyectos de participación con los actores territoriales de una comunidad, -en función del sector económico a tratar-, que son los que decidirán qué proceso de desarrollo elegir bajo principios del respeto por su identidad, la sustentabilidad de su entorno natural y la priorización de sus recursos endógenos.
El mecanismo de participación comprende dos puntos básicos: el primero, se refiere a que cada territorio puede elegir su proceso de desarrollo en función de su concepto de bienestar, no teniendo que coincidir con el de otra comunidad; y el segundo, indica que no debe trabajarse según un único concepto de desarrollo, sino que es posible la incorporación de elementos que provengan de otros planteamientos, para así poder adaptarlos a la región en cuestión según las especificidades detectadas en su diagnóstico.
Por lo tanto, esta estrategia con un enfoque de concienciación colectiva endógena, aún teniendo en cuenta los inconvenientes y limitaciones citados anteriormente, puede ser una alternativa para contribuir a dar respuesta a las necesidades de un territorio, que sirva para mejorar la situación actual de desigualdad en América Latina.
Consideraciones finales
Con la colonización, en América Latina se empezó a fomentar una estructura socioeconómica que generó una desigualdad que perdura hasta nuestros días y que ni la descolonización e independencia de estos países ha sido capaz de resolverla. Desde la colonización se va construyendo un sistema socioeconómico que origina desigualdad en los diferentes ámbitos que configuran el territorio, a nivel político, racial, étnico, de género, económico, cultural y social, que conlleva una inadecuada redistribución de los recursos y una toma de decisiones socioeconómicas concentrada en un reducido número de persona, originando situaciones discriminatorias y desiguales respecto a las oportunidades y bienestar socioeconómico de la región.
En contra del proceso de colonialidad, las posiciones decolonialistas consideran que su aplicación es la causa de que actualmente, América Latina, sea la región más desigual de mundo, resaltando la necesidad de establecer líneas de actuación alternativas sin incorporar ningún tipo de elemento que provenga del sistema anterior. Sin embargo, se considera –en este trabajo- que pueden existir componentes de ambas tendencias aplicables en un procedimiento alternativo que permita mejorar la realidad de desigualdad.
Para reducir esta desigualdad de los países latinoamericanos, la CEPAL (2010) manifiesta la necesidad de un cambio estructural donde el elemento clave sea el incremento de productividad ya que es en este factor y su bajo nivel donde radica el principal problema económico. Sin embargo, es necesario que a este cambio estructural le acompañen unas políticas instrumentales (educación, industria, tecnología, tipo de cambio, agropecuaria), diseñadas y aplicadas a partir de un mayor conocimiento del territorio, para que este nuevo modelo pueda conseguir resultados más exitosos, al estar más vertebrados el territorio y el diseño de proyectos, desde lo local (Siles & Castillo, 2016).
Por otro lado, la ONU, con el establecimiento de los ODS, se propone reducir la desigualdad mediante, entre otros mecanismos, los TLC, las AOD y la IED. En cambio, estas herramientas que ya están siendo aplicadas con impactos diferentes, no están corrigiendo la situación de inequidad socioeconómica en los territorios. Por esta razón, se considera conveniente realizar dos observaciones críticas al respecto: una primera, plantea la necesidad de redefinir o revisar esos instrumentos que fomenta la ONU, para mejorar su posible incidencia sobre la mejora de la desigualdad; y, una segunda, establece la necesidad de buscar otras herramientas alternativas que se ajusten más a la situación real y específica de los territorios, para así poder contribuir en mejor medida a la reducción de la desigualdad.
Esto no significa que las herramientas que proponen la CEPAL y la ONU no permitan un avance en cuanto al desarrollo socioeconómico, sino que, aun así, éste no es suficiente para la mejora de las condiciones de vida de la población, puesto que el desarrollo económico no es un fin en sí mismo sino un medio para contribuir a alcanzar la meta de la desigualdad socioeconómica de una comunidad
Es a partir de aquí cuando se propone el concepto de “concienciación colectiva endógena (CCE)” como alternativa, abordándose la cuestión de la desigualdad en los territorios mediante la formulación de proyectos socioeconómicos, desarrollados por un equipo promotor del cambio, donde la participación de los actores locales y la conexión con el entorno deben ser los elementos claves que posibiliten una mejora en el bienestar de la región. Asimismo, los actores territoriales vinculados con la actividad económica a tratar, son los responsables de controlar y gestionar los excedentes económicos generados por los proyectos desarrollados, evitando la concentración en cuanto a su apropiación y contribuyendo a paliar los problemas colectivos de los territorios.
Existen otras aportaciones que tienen puntos de encuentro con respecto a la CCE como son la RSC y los CVC ya que las tres tratan de crear instrumentos que supongan un beneficio socioeconómico para la comunidad donde se instalen los proyectos. Sin embargo, se encuentran diferencias sustanciales puesto que los proyectos de CCE tienen una visión de largo plazo a diferencia de la RSC que tienen un alcance más cortoplacista; y aunque los CVC tienen su alcance en el largo plazo, la diferencia se centra en que la CCE se refiere a proyectos con una mayor participación de los actores territoriales, por lo que la vinculación con el entorno es mayor convirtiéndose, además, en los decisores de su propio proceso de desarrollo, mientras que en los CVC la toma de decisiones no se realiza de manera colectiva e incluso, a veces, ningún integrante del territorio forma parte de ellos. Además, las acciones relacionadas con el CVC persiguen intereses empresariales, no siempre reinvertidos en la comunidad. No obstante, aunque los instrumentos relacionados con la RSC y el CVC responden a necesidades de la sociedad, no inciden de manera notoria en la reducción de la desigualdad. Con la aportación de la CCE, se pretende contribuir a mejorar esta situación, objetivo no fácil de lograr.
Por último, hay que tener en cuenta las limitaciones que existen para iniciar proyectos con un enfoque de CCE ya que, entre otras hay que destacar que, en ocasiones, por atender las urgencias derivadas de los propios territorios, se priorizan medidas de perspectiva asistencialistas y/o compensatoria, quedando así en un segundo lugar medidas con signo de CCE. Sin embargo, aunque fuera necesario introducir primeramente este tipo de líneas de actuación, podría ser una oportunidad para realizar proyectos asistenciales con una óptima de CCE.
La Concienciación Colectiva Endógena abre un espacio para el desarrollo de procedimientos innovadores que contribuyan a mejorar la actual situación de desigualdad, fomentando el establecimiento de proyectos de carácter inclusivo y vertebrando las diferentes esferas que interactúan en el entorno socioeconómico de un territorio.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Acemoglu D, Robinson J. (2012).Por qué fracasan los países. Barcelona: Planeta.
Acosta A. (2013). El Buen Vivir: Sumak Kawsay, una oportunidad para imaginar otros mundos.Barcelona: Icaria.
Alburquerque F. (2004). “Desarrollo económico local y descentralización en América Latina”. Revista de la CEPAL, 82; 157-171.
Alburquerque F. (2014). “Política regional y desarrollo territorial en América Latina y el Caribe”. Informe GEPEC, 18 (2); 177-204.
Andrés-Gallego J. (2010). La esclavitud en la América española (Vol. 249). Madrid: Encuentro Ediciones.
Ballesteros C. (2016). Las cuentas de la vieja: Apuntes para el empoderamiento y la soberanía económica. Madrid: San Pablo.
Bárcenas A. (2016). Agenda 2030 y los objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe. CEPAL, Santiago de Chile, 63 p.
Bertola L, Ocampo J (2013). El Desarrollo Económico de América Latina desde la Independencia. Fondo de Cultura Económica: México Bresser L. (2005). “La tendencia a la sobrevaluación del tipo de cambio”. Economía, UNAM, 6 (18); 75-88
Boisier S. (2001). “Desarrollo local: ¿de qué estamos hablando?”. Estudios sociales, 103; 1- 22 Bulmer-Thomas (2002). Historia Económica de América Latina desde la Independencia a Nuestros Días. Barcelona: Crítica
CEPAL. (2010), “La hora de la igualdad: Brechas por cerrar, caminos por abrir”, Naciones Unidas, Mayo de 2010, Santiago de Chile.
CEPAL. (2012), “Cambio estructural para la igualdad: una visión integrada del desarrollo”, Naciones Unidas, Julio de 2012, Santiago de Chile.
CEPAL. (2014). “Pactos para la igualdad: hacia un futuro sostenible”. CEPAL, Santiago de Chile, 340 p.
CEPAL. (2016). “Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible”. CEPAL, Santiago de Chile, 176 p.
Cimoli M, Porcile G, Primi A. y Vergara S. (2005). Cambio estructural, heterogeneidad productiva y tecnología en América Latina. Heterogeneidad estructural, asimetrías tecnológicas y crecimiento en América Latina. CEPAL, Santiago de Chile, 162 p.
Díaz N. (2014). Responsabilidad Social Empresarial y Creación de Valor Compartido. Sostenibilidad Gerencial. Revista Daena (International Journal of Good Conscience), 9 (3); 127-144.
Diez J, Gutiérrez R y Pazzi A. (2014). ¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? Un análisis crítico de la planificación del desarrollo en América Latina. Revista de estudios sobre espacio y poder, 4, (2); 199-235.
Dosi G, Pavitt K, y Soete L. (1990). The Economics of Tecnical Change and International Trade. Brighton: Wheatsheaf.
Easterly W. (2015). La carga del hombre blanco: El fracaso de la ayuda al desarrollo. Barcelona: Debate.
Estermann J. (2014). Colonialidad, descolonización e interculturalidad: Apuntes desde la Filosofía Intercultural. Polis (Santiago), 13 (38); 347-368.
Felber C. (2012), La economía del bien común. Barcelona: Deusto.
Furió E. (1994). El desarrollo económico endógeno y local: reflexiones sobre su enfoque interpretativo. Revista de estudios regionales, (40); 97-114
Franke P. (2011). Dani Rodrik y la economía del desarrollo. Economía, 34 (68); 195-202
Galeano E. (2004). Las venas abiertas de América Latina. Madrid: Siglo xxi.
Grosfoguel R y Castro-Gómez S. (2007). El giro decolonial. Refleciones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogota: Siglo del Hombre Editores.
Gómez L. (2008). Historia Universal. México: Pearson Educación
Guillén A. (2008). Modelos de desarrollo y estrategias alternativas en América Latina. México, 15,ç(12); 1-36
Madoery O. (2001). “El proyecto político local como alternativa de desarrollo”. Revista política y gestión, 2; 25-43.
Mignolo W. (2010). Desobediencia Epistémica: Retórica de la modernidad, lógica de la colonialidad y gramática de la descolonialidad. Buenos Aires: Ediciones del signo.
Mira E. (1997). El indio antillano: repartimiento, encomienda y esclavitud (1492-1542). Brenes (Sevilla):Muñoz Mora Editor.
Núñez J. (1989). La Revolución Francesa y la Independencia de América Latina. Nueva Sociedad, (103); 22-32
Palma E. (2016). La economía circular, consensuada. Alternativas económicas, (36); 54-55.
Pastor R. (2013). La historia mínima de Centroamérica. Madrid: El Colegio de México
Pérez H.(2010). Breve historia de Centroamérica. Madrid: Alianza Editorial.
Porter M y Kramer, M. (2011). La creación de valor compartido. Harvard Business Review, 89, (1); 32-49.
Quijano A. (1992). Colonialidad y modernidad/racionalidad. Perú indígena, 13 (29); 11-20.
Rodrik D. (2007). Una economía, muchas recetas. La globalización, las instituciones y el crecimiento económico. México: Fondo de Cultura Económica
Sevilla E. (2006). De la sociología rural a la agroecología. Sevilla: Icaria
Suanes M. (2016). Inversión extranjera directa y desigualdad de los ingresos en América Latina. Un análisis sectorial. Revista CEPAL, (118); 49-66.
Taibo C. (2015). El decrecimiento explicado con sencillez. Madrid: Los libros de la Catarata.
Vargas J. (2011). “La perspectiva decolonial y sus posibles contribuciones a la construcción de Otra economía”. Otra Economía, 3 (4); 46-65.
Vázquez A. (2005), Las nuevas fuerzas del desarrollo. Barcelona: Antoni Bosch editor.
Vázquez A y Rodríguez, J. (2015). La política de desarrollo local: los desafíos de los territorios de desarrollo tardío. Ciudad y territorio: Estudios territoriales, (186); 625-638.