Hasta la década de los 50, Colombia era aún un país predominantemente agrario y mono-exportador cuya población se hallaba dispersa entre valles, montañas y costas del país. La migración rural-urbana era un fenómeno inusual, y se limitaba al desplazamiento hacia ciudades intermedias y cabeceras municipales. Más inusual aún era emigrar al extranjero. El recrudecimiento de la violencia bipartidista cambió el mapa de la nación y empujó a miles de campesinos hacia el país urbano. Con los años, los migrantes buscaron nuevos horizontes más allá de las fronteras nacionales. En 1960, tan solo 117.377 colombianos vivían por fuera del país. Esa cifra se triplicó en el curso de 10 años, entre 1963 y 1973. Para ese entonces ya 556.683 personas habían emigrado (Mejía, 2012: 189), y para los años 80, eran ya más de 700.000 colombianos los que vivían expatriados. Venezuela absorbió una buena parte de aquella población. En esos años, miles de nacionales emigraron al vecino país animados por la bonanza petrolera. Al término de aquel ciclo, más de 300.000 colombianos vivían en Venezuela. Este ensayo no pretende abordar el fenómeno en su conjunto, sino un aspecto crítico de sus efectos en el ámbito local de Cartagena: el envío de remesas y su impacto en el desarrollo de la vivienda popular.
Entre los cientos de miles de colombianos que emigraron a Venezuela entre 1973 y 1983 se encontraban hombres y mujeres cartageneras, que una vez lograron establecerse e integrarse al mercado laboral, enviaron remesas a sus familias en Cartagena con el propósito de amilanar las falencias de la economía doméstica. Como este ensayo argumenta, entre 1973 y 1983, familias de los barrios más pobres de la ciudad lograron mejorar sus viviendas en gran medida gracias a las remesas enviadas desde Venezuela. Para inicios de los años 80, el parque de vivienda popular1 había mejorado notoriamente, a pesar de la escasa oferta del sector público y privado. Basados en la experiencia de Cartagena, académicos y agentes de organismos transnacionales reflexionaron sobre la política de vivienda social, y recomendaron fortalecer los mecanismos para la auto-gestión de la misma, en oposición a la construcción de vivienda nueva por parte del Estado.
1 Por “parque de vivienda” entendemos el número de unidades de vivienda existentes en un área determinada.
Este artículo sostiene que a través del envío de remesas los migrantes colombianos en Venezuela introdujeron un cambio significativo en la ciudad, obrando como sujetos transnacionales, capaces de mantener un vínculo con sus lugares de origen e incidir en su transformación, aun viviendo por fuera del país. Así mismo, la presencia de colombianos viviendo en Venezuela, en este caso, cartageneros de extracción popular, se convirtió en un factor transnacional que dinamizó un proceso de cambio social en la ciudad. Los migrantes forjaron un lazo transnacional entre Venezuela y Cartagena que transformó el rumbo de la ciudad a largo plazo. En ese sentido, estudiar la realidad histórica de la misma, y específicamente su evolución urbanística, implica el análisis de factores que superan los límites del país, y que obligan a reconsiderar a la nación cómo el único marco espacial de interpretación.
Una buena parte de los trabajos sobre la inmigración colombiana a Venezuela se ha centrado en el último ciclo causado por el recrudecimiento del conflicto armado, sobre todo durante los dos períodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) (Álvarez: 2004, Carreño: 2014, Ramírez: 2009, Centro Nacional de Memoria Histórica: 2015). Otros trabajos, particularmente aquellos escritos entre finales de los años 70 y 80, hicieron énfasis en la economía de la migración, y en los factores que propiciaron el fenómeno durante la oleada que se extendió entre 1973 y 1983. Esta tendencia estuvo influenciada por el paradigma push-pull cuyo objetivo era identificar qué factores expulsaban y atraían la población migrante en el país de origen y el país receptor, respectivamente (Murillo: 1979, Gómez y Díaz: 1989, Pellegrino: 1989, Martínez: 2015, Gómez y Díaz, 1983). Los trabajos más recientes han estudiado la migración colombo-venezolana desde una perspectiva transnacional, considerando los lazos que los migrantes forjaron por encima de los límites político-administrativos de ambos países, y cómo ellos se convirtieron en canales de comunicación entre las sociedades de origen y las sociedades receptoras. Específicamente, estos trabajos han estudiado la formación de familias transnacionales cuyos lazos se mantienen y se reconstruyen a pesar de la distancia geográfica (Morad, Bonilla y Rodríguez: 2011, Izquierdo: 2010). Este artículo se inscribe en esta última tendencia, centrándose en el aspecto específico de las remesas y la mejora del parque de vivienda popular durante la primera ola migratoria entre Colombia y Venezuela, que inició en 1973 y se extendió hasta 1983.
En la últimas dos décadas, la perspectiva transnacional sobre los estudios de la migración ha venido cobrando fuerza. Nuevos trabajos han demostrado convincentemente que la experiencia migratoria no funciona en una trayectoria lineal que comienza en el país de origen y culmina con la asimilación del migrante en la sociedad receptora. La perspectiva trasnacional, por el contrario, ha demostrado que sin importar el grado de asimilación de los inmigrantes, ellos permanecían activos en sus lugares de origen, participando de la vida social, económica, cultural y política (Levitt y Jaworsky: 2007, Purkayastha: 2005, Pérez: 2004). Como Gina M. Pérez (2004) demuestra en su trabajo sobre migrantes puertorriqueños en Chicago durante el siglo XX, la migración no es un flujo unidireccional de personas trasplantadas de un entorno a otro, por el contrario, ellos se convierten en un eje articulador entre la sociedad de origen y de acogida. Así mismo, forjan una comunidad imaginada mucho más extensa que el espacio que habitan. Este trabajo se propone precisamente estudiar la incidencia de los cartageneros expatriados en la vida socio-económica de su ciudad.
Este artículo comenzará destacando los factores de expulsión y atracción que propiciaron la inmigración a Venezuela desde Cartagena a inicios de los años 70, destacando la creciente pobreza, el desempleo, el déficit de vivienda, las políticas económicas y sociales en ambos países, y la bonanza del petróleo. Luego, analizaré el impacto de las remesas en la mejora del parque de vivienda popular durante la misma década, y el debate académico trasnacional que suscitó el mismo en los años posteriores. Sostengo que la experiencia de Cartagena ilustró el diálogo entre académicos y expertos en desarrollo que estudiaban estrategias para resolver el problema del déficit de vivienda en el tercer mundo. Las prácticas de los migrantes cartageneros en Venezuela sirvieron de insumo para pensar la construcción de políticas sociales por parte de organismos transnacionales, específicamente, del Banco Mundial.
Esta investigación hace parte de mi tesis doctoral en la cual analizo el desarrollo urbano y turístico de Cartagena desde 1957 hasta 19842. Una parte fundamental de ese proceso histórico es la formación de barrios populares en la Ciénaga de la Virgen y las faldas del Cerro de la Popa fruto de la auto-gestión, de la Acción Comunal, y de algunos proyectos de vivienda social construidos por el Instituto de Crédito Territorial. Como un recurso transversal, las remesas enviadas desde Venezuela contribuyeron a la formación y mejora de la vivienda popular en cualquiera de esos escenarios. En su conjunto, mi investigación está basada en reportes y documentos oficiales, fuentes orales, literatura, proyectos y planes de desarrollo, notas de prensa, etc. En lo que concierne específicamente al impacto de las remesas en la mejora del parque de vivienda popular, la información es menos abundante y menos diversa. No obstante, una serie de investigaciones adelantadas por académicos asociados al Banco Mundial documentaron el proceso suficientemente, y a su vez dieron forma al debate transnacional propiciado por el fenómeno. Los trabajos de Paul Strassmann (1980, 1982), Daniel Kaufmann y Michael Bamberger (1985) analizaron la capacidad de auto-gestión de los habitantes de los barrios populares de Cartagena como un recurso para resolver el déficit de vivienda. En consecuencia, plantearon propuestas en torno al rol del Estado y de la ayuda financiera del Banco Mundial. Aunque sus conclusiones difieren, como anotaremos al final del artículo, ambas perspectivas arrojan datos y cifras claves sobre la transcendencia de las remesas enviadas desde Venezuela en la mejora del parque de vivienda. Por tal motivo, son fuentes de información útiles para entender el proceso. Así mismo, otras fuentes primarias como notas de prensa y artículos de la época fueron útiles para la descripción del contexto histórico, sobre todo para comprender la vida social y económica en Venezuela y Cartagena en aquellos años.
2 Mi tesis doctoral lleva por título “City of Rights-City of Patrimony: Tourism Development, Popular Politics, and Race in Cartagena (Colombia), 1957-1984”.
Los días difíciles en Cartagena y la emigración a Venezuela
En los años 60, el sector de la industria nacional experimentó un notable desarrollo afectando positivamente a varios centros urbanos, sobre todo a los que acogieron al grueso de la población campesina que huía de las áreas rurales. Tal fue el caso de Bogotá, Medellín, Barranquilla, y Cali. Desde el gobierno de Alberto Lleras Camargo (1958-62), con claros precedentes en sus antecesores, los gobiernos nacionales se sumaron al “desarrollismo” cómo un modelo de gobernanza basado en principios técnicos y en la administración racional del capital económico y humano del país. Se crearon organismos cómo el Departamento de Planeación Nacional (1958), cuyo propósito era el de definir las estrategias para fomentar el desarrollo económico del país, y orientar el gasto público en concordancia (Alacevich: 2009). Durante los años del Frente Nacional, Colombia experimentó tasas promisorias de crecimiento económico, fruto de los esfuerzos de planificación económica de los diferentes gobiernos y de la relativa estabilidad política (Caballero C., Pachón M, Posada E.: 2012).
No obstante, la prosperidad no alcanzó por igual a todas las regiones del país, y en las regiones los ritmos de crecimiento económico fueron menos promisorios. Cartagena, por ejemplo, experimentó niveles más modestos de desarrollo, en contraste con su crecimiento demográfico y expansión urbana (su población pasó de 242.085 habitantes en 1964 a 348.961 en 1973). La falta de correlación entre los niveles de desarrollo económico y el crecimiento de la población condujo al aumento del desempleo, cuya tasa ascendía al 17.8% en 1973 (Dane: 1982, 14-18). Una buena parte de este segmento de la población terminó engrosando los cordones de miseria en la periferia de la ciudad. En 1970, 52% de los habitantes de tres barrios de la zona suroriental habían estado sin empleo al menos un mes durante el año inmediatamente anterior. Tan solo el 30% de las personas en edad laboral trabajaban en el sector manufacturero, mientras la mayoría se desempeñaba en el comercio informal, en el sector doméstico, y en el transporte. Eran trabajos no calificados, y por ende mal remunerados. El promedio de ingresos era de 714,83 pesos en 1971. Aunque estaba por encima del salario mínimo de aquel entonces (519 pesos), no menos de cinco personas dependían de él (Triana: 1974, 150-159). La población económicamente inactiva, y en consecuencia dependiente, comprendía el 38.56% del total (Dane: 1982, 18).
Durante la década de los años 60 y 70, los tugurios o barrios de invasión se convirtieron en el rasgo más notable de la realidad urbana de Cartagena. El surgimiento de asentamientos informales se debió a la incapacidad del estado local de cubrir la demanda de vivienda en medio de un crecimiento demográfico progresivo. Ya en 1962 el déficit era de 5471 unidades, lo que quería decir que al menos 21.890 familias carecían de una vivienda digna.3 Entre las viviendas existentes, la mayoría carecía de los servicios básicos de agua potable, y alcantarillado (Triana: 1974, 101). Así las cosas, migrar se convirtió en un recurso necesario para paliar las precarias condiciones económicas. Cartagena era de hecho un centro receptor de migrantes. Para inicio de los años 70, el 42% de sus habitantes provenían del campo. Algunos utilizaron la ciudad como un puerto de tránsito hacia Barranquilla, que registraba mejores niveles de vida, y tasas de desempleo en descenso. Sin embargo, otros más ambiciosos seguían su camino a Venezuela (Triana: 1974, 151).
Eran mejores tiempos en el vecino país. La crisis energética de 1973, desencadenada por el boicot de los países exportadores de petróleo a Estados Unidos y a algunas naciones europeas, aumentó los precios del crudo de 3 a 12 dólares el barril. Para Venezuela, eso significó cuadriplicar sus ingresos, y con ello potenciar la capacidad de inversión en otros sectores productivos. El “boom” del petróleo y el desarrollo económico a lo largo de la década incrementaron la demanda de mano de obra, y con ello las corrientes migratorias. Entre 1976 y 1980, alrededor de un millón de extranjeros emigraron al país (Álvarez: 2004, 192-193), de los cuales, como lo indica la tabla 1, una buena parte eran colombianos. Los cartageneros eran el segundo grupo más grande entre los colombianos y representaban un 12,1% del total. Solo eran superados por las personas provenientes de Cali, que comprendían un 24,2% de los emigrados (Murillo: 1979, 99-101).4
3 “Se inician trabajos en urbanización del barrio San Francisco”, Diario de la Costa, 11 de mayo de 1963.
4 Es probable que muchos de los registrados como “cartageneros”, en realidad usaron la ciudad como punto de tránsito entre sus lugares de origen y Venezuela.
Entre los colombianos, Venezuela era el primer destino internacional, seguido de Estados Unidos y Ecuador. Allí se asentaron a lo largo y ancho del territorio, pero sobre todo en los estados próximos a la frontera como Zulia, Táchira, Barinas y Mérida, y en la capital, Caracas. Aunque muchos eran trabajadores calificados, y se integraron a la industria nacional, sobre todo los provenientes de Cali y Medellín, la mayoría eran trabajadores no-calificados y agricultores (Pellegrino: 1989).
Los factores que animaron la inmigración a Venezuela eran obvios. Aún antes del “boom” petrolero, gozaba de un mejor porvenir que Colombia. El ingreso per cápita en 1968 era de 908 dólares, en comparación con el colombiano que apenas alcanzaba los 280 dólares durante el mismo año. La disparidad era aún más notoria en el valor de la moneda. Cada bolívar venezolano equivalía a cinco pesos colombianos. Norman Gall, un académico norteamericano decía al respecto: “Con aquella diferencia entre las monedas y los niveles de consumo, una joven colombiana iletrada trabajando como doméstica en Caracas puede ganar tanto como un abogado en su pueblo natal” (Gall: 1971. La traducción es mía). Por otro lado, dado lo extenso de su territorio, su escasa población, y la demanda de mano de obra, Venezuela tradicionalmente tenía una política de puertas abiertas para los migrantes extranjeros. Después de los años 60, la política migratoria se hizo más restrictiva (Bolívar: 1993), pero los colombianos ingresaban al país sin mayores contratiempos, aún en calidad de indocumentados. Ocasionalmente eran detenidos y enviados de vuelta en las ciudades fronterizas5, pero la gran mayoría lograba establecerse exitosamente en Venezuela.
No sorprende que durante la década de los 70 Venezuela hubiese sido el destino predilecto para los colombianos que emigraron al extranjero. El país ofrecía las prospectivas que hoy ofrece el mundo desarrollado del Atlántico Norte. Cómo sostiene Katrin Hansing en su trabajo sobre inmigrantes cubanos en Mozambique: “El Norte y Oeste también se pueden encontrar en el Sur, dependiendo de dónde se venga y del estatus económico del cual se goza en el país de origen” (Hansing: 2009, 86. La traducción es mía). Si bien Venezuela no era un país del primer mundo, si ofrecía ventajas inimaginables para miles de colombianos que vivían en la pobreza, y en particular para aquellos cartageneros que vivían en las barriadas pobres de la ciudad.
Remesas y el desarrollo de la vivienda popular en Cartagena
El acto de migrar no solo trae consecuencias para el individuo que migra. Su contexto inmediato también experimenta cambios derivados de su acción. El migrante se convierte en un vínculo, un eje que articula dos realidades, y en un canal de flujo de conocimientos y de capital cultural y material. La familia inmediata es la primera en beneficiarse de dicha conexión. Según Gómez y Díaz, aunque más de la mitad de los inmigrantes indocumentados colombianos eran solteros, todos los demás eran cabeza de familia, y por ende, la migración era un proyecto familiar cuyo fin era contribuir a la mejora de la economía doméstica (Gómez y Díaz: 1983, 131- 132). La transferencia externa de dinero a través de las remesas se convirtió en un recurso importante para hacer más óptimas las condiciones de vida en casa. Paul Strassmann, un académico norteamericano, en su trabajo seminal sobre el desarrollo del parque de vivienda en Cartagena durante los años 70, decía que era normal que entre los pobres de la ciudad “la cabeza de familia, el propietario de la vivienda y el principal sustento del hogar, fuera una mujer trabajando como cocinera en Venezuela” (Strassmann: 1982, 27. La traducción es mía). Tras haber examinado la economía doméstica de hogares de la zona suroriental, las remesas enviadas desde el vecino país, sumado a otros ingresos no-regulares como obtener una herencia, ganarse la lotería, o el contrabando, demostraron ser significativos para la mejora de la calidad de vida. A largo plazo, como mostraré más adelante, estas inversiones contribuyeron al desarrollo general del parque de vivienda popular en Cartagena.
La participación de las remesas enviadas desde Venezuela constituía una parte importante dentro del monto general de ingresos domésticos en los barrios de la zona suroriental, sobre todo al final de los años 70, cuando la ola migratoria se había consolidado, y los migrantes ya se habían ubicado en oficios más ventajosos y mejor remunerados. A diferencia de lo usual entre familias de clase trabajadora, los salarios en los barrios de la zona suroriental no representaban la mayor fuente de ingreso en muchos de los hogares. Solo el 29% de las familias se sostenían con el salario de un solo contribuyente. Un tercio se mantenía sin ingresos regulares, y el tercio restante dependía de fuentes diversas, incluyendo salarios y remesas. Un 17% del total de los hogares dependía casi exclusivamente de las últimas. No obstante dicha dependencia, estas familias gozaban de ingresos medios, por encima del promedio en la zona, tasado en 4000 pesos en 1978 (Strassmann: 1982, 40- 72). Fueron precisamente estas familias las que participaron del desarrollo progresivo del parque de vivienda en estos años.
La adición de una habitación fue la mejora más notoria. 39.7% de los propietarios habían ejecutado al menos dicha obra. El porcentaje de otro tipo de cambios era: pintura o repello 35.9%; mejor cocina, 26.6%; mejor sanitario, 25.0%; mejores ventanas o puertas, 23.9%; mejoría en los materiales de construcción, 23.4%; mejoría en el piso, 19.6%; mejoría del techo, 18.5%, y el resto de la muestra señaló solo cambios menores (Strassmann: 1980, 159). Según Strassmann (1980), el acceso a las remesas tuvo una incidencia directa en la capacidad para introducir mejoras en las viviendas. Aquellos que tenían familiares en Venezuela aumentaron sus posibilidades de construir una habitación del 25.4% al 30.8%, en el caso de quienes carecían de agua potable, y de 31.3% a un 39.3% en el caso de aquellos que si la tenían. Aunque el aumento no parece significativo, Strassmann aclaraba que la ausencia de un familiar hacía menos necesario ampliar la vivienda. En relación a otro tipo de cambios en la mejora de la calidad, y no en la ampliación de la vivienda, los porcentajes eran mayores: de 47.2% a un 66.9% para quienes no tenían agua, y de un 59% a un 75.3% para quien si gozaba de la misma. Strassmann dividió la muestra entre quienes gozaran de agua y los que no a fin de demostrar su hipótesis que aseguraba que el acceso a servicios públicos aumentaba en términos globales el deseo de los habitantes de mejorar sus viviendas.
La sumatoria de todos estos elementos representó una mejora significativa en la calidad de la vivienda popular en Cartagena. Entre 1973 y 1978, el valor promedio de la unidad de vivienda pasó de 4700 a 7000 pesos, es decir, creció a una tasa de 8.5% anual. Aunque las nuevas unidades eran más pequeñas, el número de habitaciones había aumentado en un 24%, lo que significa, que hubo una mejora en la distribución del espacio, división espacial de las actividades domésticos, y disminución del hacinamiento (Strassmann: 1980, 165-168). Además de las remesas, estas obras fueron posible gracias a la capacidad de auto-gestión de los habitantes y a otras formas de ingresos noregulares: “en general, 77.5% de los hogares financiaron adiciones y mejoras con trabajo autónomo, ahorros, y préstamos de vecinos, pero sin créditos” (Strassmann: 1980, 161. La traducción es mía). La agencia de los habitantes, y el respaldo de las remesas enviadas desde Venezuela, impulsaron esta etapa de desarrollo. La política oficial de vivienda, por el contrario, era incapaz de responder a la creciente demanda de vivienda. Entre las décadas de los 60 y 70, las urbanizaciones construidas por el Instituto de Crédito Territorial estuvieron destinadas a la clase media y obreros calificados (como el barrio Socorro o Blas de Lezo), ambos con ingresos regulares, con la excepción de algunos proyectos de vivienda económica, destinados a familias reubicadas como resultado de erradicación de asentamientos informales.6 Para los demás, la alternativa más accesible era la toma de terrenos baldíos y la auto-gestión. Fue así como las clases populares lograron remediar la escasez de vivienda. Es por este motivo, que a finales de los años 70, el Banco Mundial vio en Cartagena un caso relevante de auto-gestión de vivienda, replicable en otros destinos del Tercer Mundo.
6 Tal es el caso de la primera etapa del barrio San Francisco cuya construcción se dio con recursos del Instituto de Crédito Territorial y a través de un plan de auto-construcción. Los beneficiarios habían sido desalojados de una toma de tierra en cercanías al aeropuerto de Crespo. Tras la remoción del barrio Chambacú en 1971, los habitantes fueron alojados en cinco urbanizaciones construidas por el Instituto: Las Lomas, Paraguay, Chiquinquirá, Republica de Venezuela, y Nuevo Porvenir. Ver nota sobre formación del barrio San Francisco en, Diario de la Costa, 11 de mayo de 1963.
Debates transnacionales en torno al desarrollo de la vivienda popular
A mediados de los años 70, el Banco Mundial autorizó un empréstito para la mejora de la infraestructura portuaria e industrial en Cartagena. Como parte del mismo, se proyectó un plan de renovación urbana en la zona suroriental. El Departamento de Proyectos Urbanos contrató a Paul Strassmann, quien se desempeñaba en ese entonces como profesor de economía en la Michigan State University, para evaluar los determinantes de oferta y demanda de vivienda en varios grupos socio-económicos del área, los mecanismos para la distribución de recursos, y el rol del Estado, sus alcances y limitaciones. El autor tenía por objeto utilizar el estudio cómo referencia “para futuros proyectos en la ciudad, y que pudiera proveer una guía para creadores de políticas en cualquier otro lugar” (Strassmann: 1982, 6. La traducción es mía). Strassmann adelantó su trabajo de campo en 1978 en los barrios de la zona suroriental. Se elaboró un cuestionario con 100 preguntas con destino a una población-muestra de 296 hogares, y entrevistaron a autoridades locales y expertos en Cartagena y Bogotá. Los reportes finales fueron enviados al Banco Mundial para su evaluación, y luego fueron discutidos con activistas y dirigentes barriales (Strassmann: 1982, 6-7).
A partir de la experiencia de mejora de vivienda popular en Cartagena, Strassmann concluyó que la agenda del Estado debía limitarse a facilitar a los habitantes los medios para la auto-gestión y mejora de vivienda, a través de la provisión de servicios públicos, especialmente de agua y alcantarillado.
Según sus datos, los hogares con dotación de servicios eran más propensos a introducir mejoras a sus viviendas. Por el contrario, la falta de agua desalentaba a los propietarios, aun gozando de ingresos más altos. Por lo tanto, y “a la luz de la experiencia, la política de vivienda que hiciera énfasis en servicios públicos, y en construcción de viviendas inacabadas, era justificada” (Strassmann: 1980, 168). La provisión de servicios públicos, sumados a los ingresos, incluidas las remesas enviadas desde Venezuela, demostró que era una solución viable y económica para resolver el déficit de vivienda.
Para Strassmann, la política de vivienda basada en la construcción de nuevas unidades por parte del Estado era propia de un sistema “utópico, paternalista, y burocrático”, que había demostrado ser incapaz de nivelar el creciente déficit (Strassmann: 1982, 7. La traducción es mía). En vez de respaldar la mejora progresiva de los asentamientos informales, el Estado había establecido programas de reubicación y construcción de nuevas unidades, cuyos gastos fueron onerosos y el resultado de poca cobertura. Desde 1975, el gobierno colombiano se había comprometido con una política de erradicación mínima, y le había apostado a financiar la mejora de la vivienda auto-gestionada.7
7 Colombia Staff Appraisal Report Second (Cartagena) Urban Development Project. Documents of the World Bank. April 18, 1979
Para finales de los años 70, la viabilidad de la auto-gestión de vivienda era indiscutible y había un relativo consenso entre la comunidad académica y los agentes del desarrollo. Sin embargo, algunos diferían en cuanto a la disposición de los habitantes de las clases populares para mejorar sus viviendas. Desde 1982, Daniel Kaufmann y Michael Bamberger, ambos académicos al servicio del Banco Mundial, estudiaron la transferencia de capital y su inversión en vivienda en Cartagena. Al igual que Strassmann, Kaufmann y Bamberger tenían como fin entender “las implicaciones operacionales del diseño e implementación en futuros programas de desarrollo urbano” ejecutados por el Banco Mundial en otros lugares del tercer mundo.8
8 Daniel Kaufmann and Michael Bamberger, “Income Transfers and Urban Projects: Research Findings and Policy Issues from Cartagena, Colombia”, Working Paper N° 2 - Water Supply and Urban Development Operations Policy Staff of the World Bank, January 1985, N/P.
El trabajo de Kaufmann y Bamberger tenía otros puntos de coincidencia con Strassmann. Ellos también reconocían la importancia de las remesas enviadas desde Venezuela, y destacaron que aquellas familias con miembros trabajando en el vecino país eran más propensas a recibir transferencias de capital. Así mismo, consideraban que los ingresos de las familias pobres no eran debidamente dimensionados, porque se ignoraba el monto de las transferencias entre hogares vecinos. Sin embargo, en lo que diferían de Strassmann, era en la cantidad de recursos que eran invertidos en la mejora de vivienda. Segun Kaufmann y Bamberger (1985), no todos consideraban esto como un gasto prioritario, ni tampoco como una inversión rentable. Las transferencias de capital eran realmente invertidas en sopesar las carencias cotidianas. Ellos sugerían realizar un análisis para medir la capacidad –y voluntad- de pago de los habitantes en base a otros factores como los patrones de consumo del hogar o la consolidación del núcleo familiar, en vez de dar por sentado que la sola provisión de servicios públicos, o el acceso a capital en calidad de salarios o remesas enviadas desde Venezuela, animaría la inversión en la mejora de vivienda, tal como Strassmann sugería.
Las conclusiones de Kaufmann y Bamberger (1985) ciertamente cuestionaban las de Strassmann. Escapa a los objetivos de este artículo evaluar la validez de las críticas, no obstante, es bueno anotar algunas diferencias de base entre los trabajos. El trabajo de campo de Kaufmann y Bamberger se adelantó en abril de 1982, cuatro años después de que Strassmann adelantara el suyo. Aunque no es un periodo de tiempo significativo, lo ocurrido en el curso de esos años es fundamental a la hora de evaluar los cambios registrados en la zona suroriental de Cartagena. Para 1981 los precios del petróleo comenzaron a declinar, y con ellos el “boom” económico en Venezuela. El restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los países del Medio Oriente y los de Occidente dieron por terminado el embargo del petróleo, y pronto la situación volvió a la normalidad. En los años de la bonanza, Venezuela escasamente invirtió en el fortalecimiento de la estructura productiva, y por el contrario afianzó su dependencia a la venta del crudo. La caída en los precios significó la caída general de la economía. Los efectos se sintieron en las ciudades colombianas de donde habían partido las corrientes migratorias una década antes. Entre 1983 y 1984 las tasas de desempleo aumentaron en Cali, Medellín, Cúcuta, Bucaramanga, y Cartagena. La cantidad de remesas por el contrario se redujo (Gómez y Díaz: 1989, 20). Probablemente, para cuando Kaufmann y Bamberger realizaron su trabajo de campo, el futuro económico era menos prometedor, y la voluntad para invertir en la mejora de vivienda iba en descenso.
Todavía resta por dilucidar en qué medida la experiencia de Cartagena orientó proyectos específicos del Banco Mundial en el tercer mundo durante la década de los 80. Lo cierto es que Strassmann, Kaufmann y Bamberger se convirtieron en académicos notables y asesores en materia de política de vivienda, liderando investigaciones alrededor del mundo en temas paralelos a los estudiados en Cartagena. Sus trabajos seguían siendo base de las intervenciones del Banco Mundial. Daniel Kauffmann, por ejemplo, asumió por varios años la dirección del Instituto del Banco Mundial, una organización dedicada a proveer programas de aprendizaje, consultoría, y asistencia técnica a gobiernos, ONGs, agentes de desarrollo en el tercer mundo. Tiene sentido pensar que Cartagena, y su experiencia de mejora de la vivienda popular asociada al flujo de remesas desde Venezuela, se convirtió en un insumo importante en la construcción de un conocimiento transnacional sobre el desarrollo para el tercer mundo.
Conclusión
.Para 1981, 384.511 colombianos vivían en Venezuela. Durante la década anterior, personas provenientes de Cartagena fueron el segundo grupo más numeroso dentro de aquella corriente migratoria. La situación cambió dramáticamente durante los años 80. Con el final de la crisis del petróleo, la bonanza cesó en Venezuela, y las condiciones ventajosas que habían propiciado la inmigración cesaron por igual. Durante los años siguientes, el crecimiento económico se contrajo y aumentó la inflación, que en 1989 ya rondaba el 85%. La introducción de reformas neoliberales durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez no logró remediar el creciente desempleo y los bajos salarios. La situación solo empeoró en el curso de los años 90, afectando seriamente a los migrantes colombianos, muchos de los cuales, optaron por regresar al país. No obstante, los años de la bonanza ya habían dejado huella en sus lugares de origen. Las cifras recogidas por Strassmann, Kaufmann y Bamberger entre finales de los años 70 e inicios de los 80 demuestran la incidencia directa de las remesas enviadas desde Venezuela en la mejora del parque de vivienda en Cartagena. En algunos casos, tener a un familiar viviendo en el vecino país aumentaba en casi 20 puntos porcentuales la capacidad y disposición para introducir mejoras específicas en la vivienda. Este fenómeno llamó la atención de los académicos ya mencionados, quienes debatieron en base a esos hallazgos los términos de la política de asistencia social y económica del Banco Mundial para el tercer mundo. En cierta medida, Cartagena se convirtió en aquellos años en un campo de experimentación de políticas transnacionales para el mundo subdesarrollado.
La experiencia de Cartagena invita a hacer varias reflexiones en torno dos aspectos: el estudio de la historia urbana en Colombia, y el estudio de las corrientes migratorias entre latitudes del sur global. Con respeto al primero de los aspectos, este hecho histórico sugiere la necesidad de reconsiderar a la nación como el único marco espacial de interpretación, y pone al descubierto la influencia de factores transnacionales en el progreso de las ciudades del país. Los lazos transnacionales forjados entre Venezuela y Colombia transformaron sustancialmente la realidad local de Cartagena. Así mismo, invita a examinar la trayectoria de sujetos sociales, que a pesar de estar por fuera de la ciudad o del país, aún inciden en los asuntos domésticos. Estos sujetos transnacionales fueron actores centrales de la experiencia histórica de la ciudad en estos años. Con respecto al segundo aspecto, el caso de Cartagena demuestra la importancia del estudio de las corrientes migratorias dentro del sur global. La tendencia más reciente en los estudios sobre migración apunta al análisis de los flujos hacia países desarrollados, cuyos efectos son indiscutibles, pero ninguno, salvo el caso de la emigración hacia los Estados Unidos en años recientes, es equiparable al caso de Venezuela. Parafraseando las palabras de Katrin Hansing: “El norte y el este también se puede encontrar en el sur”. La Venezuela de los años 70 probablemente representó en su momento lo que países como Argentina y México representan para los colombianos de hoy en día.
La experiencia de Cartagena, por último, invita a reflexionar sobre la reciente crisis económica y humanitaria en Venezuela. Hoy son los venezolanos los que emigran en masa a Colombia huyendo del colapso de la economía ocasionado por una nueva baja en los precios del petróleo. En cierta medida, se repite la historia de inicios de los años 80: los gobiernos de turno en Venezuela no superaron la dependencia a los hidrocarburos, y por el contrario, construyeron un modelo económico financiado primordialmente con los ingresos irregulares derivados de la venta del crudo, en vez de invertir en la construcción de una estructura productiva sostenible. Acosados por la creciente inflación, cientos de miles de venezolanos han emigrado desde entonces. Cifras recientes afirman que hoy viven 500,000 de ellos en Colombia, en su mayoría indocumentados. En medio de sentimientos xenofóbicos en ascenso, vale la pena reconstruir la memoria de la migración colombiana a Venezuela, y de cómo ayudó a transformar calle por calle el futuro del país.
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