LAS FAMILIAS RURALES, SUJETOS COLECTIVOS DE DERECHOS. EL CASO DE GUAYABAL DE SÍQUIMA1


DOI: https://doi.org/10.32997/2346-2884-vol.0-num.18-2018-2159

Ana Marcela Bueno, Myriam Fernanda Torres G.

Resumen

El presente artículo documenta las dinámicas socio familiares en Guayabal de Síquima a partir de su abordaje como sujeto colectivo de derechos, reconociendo sus relaciones cotidianas, condiciones socio económicas y culturales, además de dar cuenta de la vivencia de la participación como una concienciación respecto a la reivindicación de sus derechos en un ámbito tradicional como el contexto rural. Lo anterior se realizó a partir de un estudio cualitativo recolectando información a través de una encuesta inicial y su complementación con entrevistas y talleres, con la participación de padres, madres, niños y niñas, quienes desde sus experiencias expresaron vivencias referidas a sus derechos como colectivos familiares. Para comprender sus discursos fue necesario dar cuenta de algunos elementos conceptuales que son retomados en el desarrollo de los hallazgos. Como conclusión general se establece que identificar esta condición de las familias, favorece la sociedad que se viene construyendo hacia la paz, la cual requiere de sujetos empoderados de sus derechos y por ende conscientes de sus posibilidades como sujetos y colectivos en el ejercicio de su ciudadanía.

Palabras clave: Dinámicas Sociofamiliares, Familias Rurales, Sujeto Colectivo de Derechos.

THE RURAL FAMILY, COLLECTIVE SUBJECT OF RIGHTS. THE CASE OF GUAYABAL DE SÍQUIMA

Abstract

This article documents the socio-family dynamics in Guayabal de Síquima based on its approach as a collective subject of rights, recognizing its daily relationships, socio-economic and cultural conditions, as well as giving an account of the experience of participation as an awareness of the vindication of their rights in a traditional environment such as the rural context. This was done based on a qualitative study collecting information through an initial survey and its complementation with interviews and workshops, with the participation of fathers, mothers, boys and girls who, from their experiences expressed experiences related to their rights as collective family to understand their discourses, it was necessary to know some conceptual elements that are taken up in the development of the findings. As a general conclusion, it is established that identifying this condition of families favors the society that is being built towards peace, which requires individuals empowered with their rights and therefore aware of their possibilities as subjects and groups in the exercise of their citizenship.

Keywords: Socio-Family Dynamics, Rural Families, Collective Subject of Rights.

1 Artículo producto de la investigación Familias rurales: Escenarios y prácticas para la construcción de paz en el municipio de Guayabal de Síquima- Cundinamarca financiada por la VRIT- Universidad de La Salle.

Introducción- Contexto

El presente artículo resultado de investigación2 está orientado a comprender las dinámicas socio-familiares en el municipio de Guayabal de Síquima3, innovando y aportando a las tendencias de investigación sobre familias rurales a partir de su abordaje como sujeto colectivo de derechos. Considerar la familia en su dimensión colectiva implica indagar sobre sus dinámicas y configuraciones para atender las tensiones que el contexto actual plantea a la tradición histórica y sociopolítica del campo colombiano, matizado por los impactos del conflicto armado interno.

2 Investigación titulada “Familias rurales: Escenarios y prácticas para la construcción de Paz en el municipio de Guayabal de Siquima- Cundinamarca”. Proyecto financiado por la Vicerrectoría de Investigación y transferencia de la Universidad de la Salle.

3 El municipio administrativamente está conformado por 10 veredas. Gran parte de la población reside en el área rural, aspecto determinante en el acceso a los servicios de saneamiento básico y salud. (Alcaldía Municipal de Guayabal de Síquima, 2016).

El estudio de la familia en Colombia ha estado sujeto a tres conceptualizaciones. Como unidad básica que permite la existencia de la especie humana y la sociedad a partir de su función reproductora (Flaquer, 1998); como grupo de personas unidas por afecto o acuerdos mutuos en el cual se generan normas y prácticas de convivencia, con el fin de garantizar la inserción de sus integrantes en los entornos sociales inmediatos (Gallego, 2012) y como un colectivo sujeto titular de derechos colectivos que establece interacciones, satisface necesidades y expectativas de sus integrantes y de la sociedad, proveyendo afecto, cuidado y garantizando la sobrevivencia de quienes la conforman (Secretaria de Integración Social, 2011).

En este marco, se pretende visibilizar cómo en la sociedad de hoy las familias rurales se asumen como sujetos de derecho, lo cual implica reconocer dinámicas cotidianas, condiciones sociales, económicas y culturales, además de su respuesta ante la participación, lo que al final representa una forma de ocupar su lugar como colectivo en el ejercicio ciudadano, asunto por demás fundamental para el momento que vive el país en términos de aportar a la construcción de paz.

Ruta metodológica

El estudio se realizó a partir de una metodología cualitativa, acudiendo a instrumentos que facilitarán un acercamiento a la comprensión de la población y el contexto rural desde una perspectiva subjetiva, tales como cuestionarios iniciales, guías de observación y de preguntas para entrevistas individuales y colectivas. Se utilizó según Sampieri, Fernández, & Baptista, (2010), un muestreo básico guiado por un propósito4, el cual implicó que de un número significativo de familias del Programa “Familias en Acción” desarrollado en el municipio, se eligiera un subgrupo de 20 familias en siete veredas que contaran con integrantes entre los 7 y 12 años, mujeres y hombres mayores de edad.5 En este sentido se obtuvo la participación de 20 madres, 12 padres y 25 niños/as. La investigación se centró en tres categorías de análisis las cuáles fueron: a) familia rural, b) dinámicas familiares y c) sujeto colectivo de derechos.

4 La muestra estratificada por propósito implica segmentar la población de interés en estratos (esto se realizó al retomar únicamente las familias de estratos 1 y 2 y luego se seleccionó un subgrupo pequeño de casos para estudiarlos cuidadosamente).

5 El trabajo de campo contó con la participación de estudiantes que se encontraban realizando proyectos de investigación en el Programa de Trabajo Social de la Universidad de La Salle, Bogotá, durante los años 2016 y 2017.

Para el ingreso al campo se acudió a la Secretaría Social del municipio estableciendo unas consideraciones éticas que exigieron de acercamientos previos para presentar el proyecto y negociar formas de participación de las familias, y la firma de un consentimiento informado para autorizar la recolección y adecuado manejo de la información tanto de la población adulta como de la población menor de edad. Con estas consideraciones se procedió al desarrollo de encuestas socio familiares, talleres de sensibilización y entrevistas en profundidad, seguido de un proceso de sistematización por un lado a partir del Programa Microsoft Excel para los datos cuantitativos y a partir de la estrategia de la vinculación de conceptos y datos sugerida por Coffey & Atkinson (2003), lo cual requirió de un proceso de codificación tanto de las categorías “materia prima del análisis” como de las personas informantes. En términos de las categorías, se agruparon por colores de acuerdo a los temas de reflexión, de otro lado para las personas se construyeron códigos que dieran cuenta de a quien correspondía, Para el caso de las madres ME#; para los padres PE# y en el caso de los niños/as NE#, en este caso no se hizo diferenciación por género, pues no se intencionó tal variable con este grupo.

Un acercamiento a la familia rural6

6 Los datos e información aquí contrastada corresponden a la línea: Familias: realidades cambios y dinámicas a partir del ejercicio investigativo de los estudiantes de Trabajo Social: Jéssica Mondragón Carabalí, María Victoria Rodríguez, Magda Carolina Ruiz Roa y Lizeth Lorena Vásquez Bernal de la Universidad de La Salle debidamente citados.

Hablar de familia rural lleva a pensar no solamente en un núcleo fundamental como lo que históricamente se ha dicho de esta, pues convoca también a referir al contexto, en este sentido, las familias rurales son según Patiño (2015), “grupos con capacidad de actuación en los procesos sociales tendientes a generar otras formas de relación, sentido y enunciación que ayuden a fundar nuevos pactos de convivencia” (p. 11). De acuerdo con esta autora, las familias tienen una capacidad de agencia para transformar contextos de prácticas y creencias naturalizadas de violencia, inequidad e injusticia social que las convierte en protagonistas del fortalecimiento del tejido social. El conflicto armado en el ámbito rural afecta a las familias, no obstante, ha planteado posibilidades de creación de mecanismos de protección y lealtad, del cuidado del otro, así como la creación de un nosotros y los otros a partir del lenguaje, con el fin de negociar el conflicto. Para Páez y otros (2016), en la familia rural deben reconocerse tres aspectos para su comprensión: la subjetividad, la perspectiva de derechos y el contexto, profundizando en la subjetividad a partir de una convivencia basada en la diversidad a partir de vínculos que generan identidad y trayectoria. De otro lado, uno de los principales determinantes de la ruralidad7 es la economía; Valderrama y Mondragón (1998) destacan el uso y la ganancia de la tierra, la producción agropecuaria, los ingresos familiares, la venta de productos y la fuerza de trabajo como elementos que complejizan las dinámicas familiares desde el enfoque de la “nueva ruralidad”, manifiesto en las relaciones entre el territorio y los actores, reconociendo al campesino más allá de su labor agropecuaria. (Cristóbal Kay, 2005).

7 Para Castañeda, (2012) el concepto de ruralidad es un espacio geográfico con cuatro componentes: territorio, población, asentamientos y un conjunto de instituciones públicas y privadas.

Guayabal de Síquima tiene una vocación agropecuaria, aun cuando la clasificación en mayor parte sea de pequeños productores, pues la unidad agrícola familiar se encuentra calculada en 5 hectáreas y la mayoría de los predios inscritos en el registro catastral poseen menos de esta área. En esta economía campesina (Unidad Agrícola Familiar) donde el régimen salarial solo se practica ocasionalmente, la familia es el núcleo esencial tanto en el ámbito de la producción como del consumo. El modelo productivo campesino se basa en un sistema de auto consumo con producciones que en algunos casos son comercializadas en un cien por ciento como es el caso del café, la caña panelera y el maíz. Los ingresos obtenidos por la venta de estos productos se invierten en la compra de artículos de primera necesidad que no pueden ser producidos, pero son necesarios para sus familias; otra parte se emplea en asegurar la siguiente producción o cosecha mediante la compra de semilla, abono, fertilizantes, aunque en la producción del café, la mayoría de las fincas utilizan abonos de tipo orgánico. Actualmente, la mayor parte del ingreso familiar rural depende de actividades desarrolladas fuera de los predios (jornaleo) y la ganadería, de tal manera que la producción agrícola individual no es capaz de generar sostenimiento económico familiar como tal. (Alcaldía Municipal de Guayabal de Síquima, 2017).

La mayoría de las familias de Guayabal de Síquima son estrato uno y cuentan con servicio de electricidad y acueducto; ninguna de las familias encuestadas cuenta con teléfono o internet. La mayoría de ellas viven en arriendo y cuentan con un máximo de dos habitaciones para dormir. Sus ingresos mensuales son inferiores a un SMMLV, en el que solo un integrante es quien aporta económicamente, y más de la mitad no recibe subsidios de algún ente territorial. La pobreza exige que las familias promuevan en las nuevas generaciones otro tipo de vocaciones que les permita vivir de actividades diferentes a la agricultura; al indagar por ello, las actividades de los hombres encuestados son el estudio, comercio, empleados, oficios varios como la conducción y servicios generales, aclarando que unos pocos manifestaron su desempeño como agricultores. Los hombres siguen teniendo protagonismo en lo rural, estando inmersos en el ámbito de lo público, de igual modo tienen una presencia importante en el sector educativo. Las labores desarrolladas por las mujeres en el área rural se articulan al hogar, aunque también hay quienes están preparándose para asumir otro tipo de actividad, por ende, se encontró que algunas son estudiantes en la educación formal, apoyando el sostenimiento familiar con otros ingresos a través de empleos en oficios varios. Vale decir que la minoría manifiesta tener labores en la agricultura. Esto por demás, deja algunos vacíos, pues es sabido que en la ruralidad las mujeres además de asumir actividades del hogar ocupan un rol muy significativo en las labores del campo.

“En relación con los oficios del hogar, eso es de todos los días. Yo quisiera no hacer nada, pero me toca”. (ME05)

“Pues Manuel cuando no trabaja los domingos me ayuda en la casa, pero en sí como él trabaja toda la semana o hacemos los trabajos con Cristian, sobre todo, que me ayuda a arreglar cocina, que me ayuda a lavar loza, que me ayuda a organizar la casa, cuando no trabaja, porque cuando trabaja me toca a mí sola la casa”. (ME13)

Lo anterior devela como se reitera el ejercicio del cuidado en las actividades de los ámbitos públicos y privados del hogar; sin embargo, una pequeña proporción de mujeres ha empezado a abrirse camino en los escenarios públicos, desempeñando labores agrícolas que aun así no cuentan con el reconocimiento suficiente, de igual manera, se evidencia una brecha en la inserción educativa, pues las mujeres siguen teniendo un ingreso escolar menor que los hombres. (Alcaldía Municipal de Guayabal de Síquima, 2017).

Se observa que la mayoría de las familias encuestadas cuentan con ingresos mensuales iguales o menores a un salario mínimo, es decir que están entre un rango de ingresos menores a $737.7178 y en una mínima proporción, escasamente logran obtener dos salarios mínimos legales lo que quiere decir que pueden llegar a obtener hasta $1’475.434. Ninguna de las familias rebasa los dos SMMLV al mes. Esta información además fue cruzada con la indagación por la cobertura de las necesidades básicas y en ninguno de los casos se logra tal cometido. ‘’Es duro como le toca a uno y que no le reconozcan el trabajo que uno hace, el esfuerzo más que todo’’. (PE05)

8 Salario mínimo para el año 2017

En escenarios tradicionales en los que el hombre es el proveedor por excelencia, hay tendencia a que los recursos sean obtenidos por los ingresos de una sola persona, lo cual agudiza la dificultad de cubrir las necesidades de un grupo al menos de 4 o 5 personas por hogar. A esto se suma la falta de oportunidades en términos subsidiarios por parte del Estado, pues en la indagación realizada se identificó que la mayoría de ellos no cuenta con acceso a ningún tipo de aporte por parte del Estado; lo que algunos reconocen como apoyo, es una contribución que hace uno de los programas estatales para familias víctimas de la violencia, el cual no es suficiente para solventar de manera satisfactoria sus necesidades básicas.

“En el campo no hay como tantas posibilidades de trabajo sí, siempre hay trabajo en caña y eso no es bien pago para los hombres y uno de mujer ¿qué hace en el campo?, le toca es el hogar entonces pues si es un poco dura la situación económica” (ME12)

Las dinámicas de las familias rurales Guayabal de Síquima como sujeto colectivo de derechos9,10,11

9 La democratización familiar tiene relación con los derechos humanos según Schmukler (2013), razón por la cual las investigadoras asocian dicha relación con el concepto de familia como sujeto colectivo de derechos.

10 Para empezar, es necesario señalar que la familia sujeto colectivo de derechos según autores como Montoya (2009), Nisimblat (s.f.) y Galvis (2011), en el contexto colombiano surge con la Constitución Política. Por su parte en el contexto internacional, el sujeto colectivo derechos se consolida en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993 (González, 2002 y Galvis, 2008).

11 Respecto a los derechos colectivos es importante destacar que según Cruz (1995), tienen tres características como son: la existencia de intereses que justifican la sujeción a un deber, intereses que están vinculados a un grupo o bien común y la insuficiencia de los derechos individuales sobre el bien común. También es necesario tener la claridad que “un bien colectivo en un sistema jurídico cuando una norma válida así lo establece” (Cruz, 1995 pág. 106).

La literatura tradicional habla de la clasificación de las estructuras familiares a partir de la referencia a familias tradicionales (nuclear, extensa y ampliada), a las familias nuevas (simultáneas, homosexuales y monoparentales) y las contemporáneas (diadas conyugales, unipersonales y unidad doméstica). (Quintero, 2013). Actualmente aparece en el panorama el concepto de formas familiares. Otros aspectos para tener en cuenta son: su procedencia, su lugar de habitación y las condiciones físicas y geográficas de dicho lugar, lo cual no se puede escindir de las condiciones económicas y de los medios de producción con los que cuentan; toda vez que estas condiciones determinan hasta cierto grado, la existencia de las mismas. (Patiño, En: Páez, 2016 p. 14). Para Gallego (2012), las dinámicas familiares son entendidas como el tejido de relaciones y vínculos atravesados por la colaboración, intercambio, poder y conflicto entre los integrantes del grupo familiar. Las familias son sujetos históricos que se construyen en la interacción con las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales (Castañeda, 2012). En el transcurrir de su cotidianidad se ponen de manifiesto estas condiciones y las contradicciones que imponen los discursos religiosos y legislativos, de tal forma que existe una pluralidad de formas familiares, acuerdos desde los cuales se conforman, comunicación al interior de ellas, así como de estilos de convivencia. Las relaciones que se establecen al interior de las familias guayabalunas participantes del proceso de investigación, dejan ver algunas significaciones sobre sí mismas que vale la pena señalar: como espacio donde se construye el afecto y la autonomía de sus integrantes y fundamental para la satisfacción de necesidades económicas, atravesado por principios de unión y protección; de otro lado, se asume este como un lugar en donde se aprenden valores y principios que servirán para la vida. (Mondragón et al; 2017). Los valores que las personas encuestadas manifiestan son los más significativos en sus familias, son:

“compromiso, responsabilidad, honestidad y, como la verraquera, porque todos salieron adelante desde cero” (PE05); “Respeto, autoestima, paz en el entorno”. (ME15) y “El amor, el respeto, la honestidad, el diálogo” (NE03).

En la generalidad, la familia sigue siendo un escenario en el que recaen toda una serie de principios, valores y responsabilidades que se afianza además con el reconocimiento de una ideología patriarcal que marca la sociedad colombiana con mayor fuerza en el ámbito rural. Pese a ello, se reconoce que la autonomía y el afecto son elementos en la dinámica familiar que favorecen el tránsito hacia ejercicios democráticos, tal como lo menciona Schmukler (2013), que las mujeres se constituyan en sujetos de derecho y los hombres en sujetos de afecto con capacidad para expresar y manifestar el amor, desde el respeto, el buen trato, las relaciones horizontales y la autoridad al interior de los grupos familiares, son signos de la democratización familiar.

“Yo a las niñas les doy un buen ejemplo, les hablo mucho pues yo quiero que ellas de aquí a mañana no van a ser monjas, no sé cómo vaya a ser la vida de ellas, los hombres son fregados que, porque no saben cómo lavar la loza, que porque no saben cocinar ya las echan entonces le digo yo a ellas no, aprendan para que ustedes se defiendan solitas”. (ME07)

Un elemento asociado a lo anterior tiene que ver con las pautas de crianza, las cuales incluyen normas y reglas familiares, autoridad, poder, principios y valores, desacuerdos y actividades en los tiempos de ocio, entre otros. En este escenario, para las familias priman la existencia de normas como referente de orden, especialmente para los niños y las niñas, pero también de control y protección de forma permanente, con la opción del reconocimiento respecto a las expresiones e ideas de ellos.

“Porque no hay inconveniente, nosotros no peleamos, cualquier cosa que pasa dialogamos, nunca que pegarles a los niños no, siempre es el diálogo tanto con mis hijos como con mi esposo, nosotros nunca que el grito y el maltrato no, jamás”. (ME17)

Aun con estas consideraciones, la violencia es una situación que persiste en las familias guayabalunas, pues algunas refirieron acudir a manifestaciones como golpes o palmadas para castigar y en voces de los niñas y niñas, es la expresión más frecuente (Caicedo et al, 2017).

“Algunas veces mi mamá me regaña, pero si está muy brava también me pega, me pega con la correa o con lo que encuentre primero” (NE24).” ... o sea como uno está educado en mi casa siempre me educaron con malas palabras, cierto, entonces uno como que eso lo tiene en su raíz, entonces uno a veces como que no se controla, entonces sale a veces...”. (PE10)

La identidad campesina es una construcción cultural elaborada por narrativas individuales que han interiorizado una misma mitología y una organización social; esta es diferencial por los cambios y transformaciones del medio social, político, económico y cultural, vinculándose permanentemente con un territorio (Linares, 1996 en Otálora, 2014), quebrantada por el modelo económico actual generador de pobreza (Escobar, 2007). Por tal motivo surgen cambios en las relaciones sociales y familiares relacionados con el aumento de la forma familiar extensa, la construcción identitaria con el territorio, debilidad en los lazos afectivos acrecentándose los conflictos familiares y sociales, las ampliaciones de las viviendas a causa de las actividades comerciales, los altos índices de inseguridad imposibilitando la mejora de calidad de vida y el aumento en la producción agropecuaria, lo que está en sintonía con Retamozo (2009), quien manifiesta la existencia de una identidad colectiva necesaria para el reconocimiento del sujeto político, quien tiene capacidad de acción y lucha por el orden social.

Con la Constitución Política de Colombia de 1991, se comprendió la participación como un derecho, y se convirtió en escenario de expansión de los mismos, en la medida que con ella se ejerce el poder de incidir desde algún ámbito, en tanto se participa con intereses específicos que redundan en la elección de gobernantes o en la ejecución de propuestas que favorecen la resolución de las necesidades de un colectivo. En esta medida, es el fundamento para el cambio y la transformación; pese a ello, esta no siempre ha sido respetada por la subvaloración que se tiene en algunos casos de los aportes que puedan realizar los directamente afectados por una situación específica, lo cual deja ver una directa vulneración a este derecho en poblaciones como niños, niñas y adolescentes, como lo ilustra la siguiente afirmación de Caicedo et al (2017) porque no son tenidos en cuenta. “Hum, mis derechos?… no sé…a estudiar?” (NE22). De la misma manera las mujeres en el ámbito rural, quienes además han tenido que aprender a reconocer sus derechos para luchar por su vindicación:

“Una tiene derecho, por ejemplo, ahorita el maltrato, una mujer no se debe dejar maltratar ni verbal ni físicamente eso sí los conozco yo más o menos, la mujer tiene mucho ahora un punto a su favor que le favorece, no es como antiguamente que los hombres les daban esa mano de palo y ellas aguanten y aguanten”. (ME14).

Al hablar de derechos de la familia, es necesario centrarse en las bases conceptuales que conlleva asumir derechos individuales y colectivos; los derechos humanos tienen una historia reciente y un pasado, su desarrollo acompaña el recorrido de la humanidad como parte del patrimonio filosófico, ideológico, ético y político consolidado por el ser humano en el proceso de encuentro consigo mismo (Galvis, 2008). Es por ende que se convierten en condiciones para crear una relación integrada entre la persona y la sociedad. Retomando a Galvis (2011), la familia es sujeto colectivo de derechos porque: 1) Es una organización social, que busca el equilibrio entre el ejercicio y la garantía de los derechos de dos o más sujetos bajo el principio orientador (gestión pública) de la igualdad. 2) Cuenta con la capacidad de agencia para determinar los proyectos de vida colectivos e individuales. 3) Es interlocutora y por tanto actora y beneficiaria de la gestión integral del Estado.

Existe una tensión entre el reconocimiento individual y colectivo de los derechos humanos. Al respecto Galvis (2008 y 2011), pone en entredicho la perspectiva individualista de los derechos dado que tras la emergencia de nuevas tendencias de índole reflexiva que confrontan los conocimientos desde prácticas menos racionales, más dialécticas, vistas transdisciplinariamente como: el pensamiento complejo, sistémico, el constructivismo, el enfoque de los derechos humanos, y desde modelos ecológicos donde la familia es el eje de desarrollo. Así las cosas, la comprensión del sujeto colectivo se puede lograr a partir del postulado de Galvis (2008 y 2011) sobre la existencia e interrelación del yo individual, yo social y yo político; el yo individual se refiere al sujeto en su más íntima expresión, contiene “sentimientos, emociones, pasiones, deseos, aspiraciones y vocaciones” (Galvis, 2011 p. 20), lo cual constituye su subjetividad, en la medida en que pone estos elementos en interacción con la razón, revelando así la conciencia sobre las posibilidades de acción, desde el ejercicio de sus derechos, libertades y necesidades y su reivindicación. Es el punto de partida para construir o transitar hacia el yo social, el cual se crea en los encuentros y desencuentros con los semejantes, fortaleciendo así la capacidad asociativa de los seres humanos, el respeto a las diferencias y la aceptación del pluralismo, a través de los valores de solidaridad y responsabilidad se logra la construcción de un interés general.

Esta titularidad tiene las siguientes implicaciones para el colectivo y sus integrantes: En cuanto al principio de corresponsabilidad ejerce y exige los derechos colectivos, visibiliza y es garante de los derechos de sus miembros, y su vez ante el Estado es la familia quien responde por la realización plena de los derechos desde su capacidad de agencia para la reivindicación de estos en el orden jurídico, económico, social y político. Muchas veces la participación es minimizada según los niños y las niñas cuando existe una autoridad dominante, que es vista con mayor frecuencia en las aulas, por lo cual es pertinente transitar a nuevas relaciones de autoridad positiva o democrática, como lo plantea Alba (2012), propiciando escenarios que promuevan la arbitrariedad.

En términos generales, las dinámicas socio familiares en el municipio de Guayabal de Síquima plantean elementos como la armonía, la conflictividad, el distanciamiento y la solidaridad, lo cual evidencia que por momentos se establezcan desacuerdos, especialmente entre padres e hijos, aun así, algunas familias desconocen tales conflictos, por considerarlos de orden menor o porque tal vez, no los identifiquen como problema en sí; sin embargo, es fundamental reconocer los aportes de Uribe (2012), quien manifiesta que en “toda dinámica familiar se presentan crisis, entendidas como resultado de la confluencia de factores que presionan, por lo general, un cambio o son producto de los mismos cambios no completamente comprendidos o asumidos” (p. 56). “Por ahí por vecinos, verbalmente... soy una persona que a veces no me tolero las cosas y no las pienso, que les digo las cosas en la cara”. (ME13). Queda claro entonces la tendencia a ser grupos cerrados, pues sus relaciones se circunscriben especialmente a las dinámicas que la misma familia les plantea, evidente esto en los lugares que comparten y las celebraciones que los unen, la casa como el escenario recurrente, los cumpleaños y otros eventos de orden social, asunto que se constituye en un reto para la consolidación del tejido social y comunitario del municipio, pues si bien la familia es clave en el desarrollo cotidiano de un sujeto y su mundo, existen otros espacios que requieren del sentido de pertenencia y cohesión de los habitantes.

Las familias son actores estratégicos en la construcción de paz desde la convivencia, aportando en la consolidación de actitudes culturales y prácticas democráticas cotidianas que permitan a todos los miembros, especialmente a los NNA formarse en escenarios de aprendizaje y de vivencia, equitativos, donde puedan aprender sobre la autonomía y la importancia del cuidado como herramienta de mediación de conflictos, y la generación de ciudadanías comprometidas con la reconciliación y la justicia social que tanto requiere Colombia.

“Para mi primordialmente la paz son valores, si no hay valores no hay nada y los valores se han olvidado mucho yo digo que, en un cien por ciento, son muy poquitas las personas que cultivan valores y se están olvidando y si se olvidan, se olvida todo por eso no hay paz, esa es la respuesta”. (EP12)

Reconocer a las familias como sujetos colectivos de derechos, fomenta en ellas la democratización en las relaciones, el cultivo de la paz como valor social, y la titularidad y garantía de los derechos individuales y colectivos como aporte microsocial a la consolidación de tejido social y la paz territorial.

Discusión y conclusión

El conflicto armado ha logrado instituir códigos culturales en los individuos y la colectividad que reafirman la violencia, el aniquilamiento del otro y el deterioro de los vínculos sociales. Dichos códigos para poder ser de construidos, requieren ser estudiados para comprender la manera como operan en la vida cotidiana de las familias, qué significados se han construido y legitimado en las prácticas de cuidado y en las relaciones familiares, como apuesta para la configuración de un ethos de paz, solidaridad, confianza y justicia social en escenarios rurales altamente golpeados por el conflicto armado interno.

Es sabido que el impacto del conflicto para las familias rurales pasa por aceptar y entender la rabia, el odio, la tristeza, la amargura, entre otros sentimientos como señala Bello (2013); por tanto, es necesario identificar los elementos que configuran los escenarios y prácticas culturales que posibiliten la construcción del tejido social como lo menciona Torres (2017), para evitar que las familias en sus territorios repriman sus respuestas emocionales, condenándolas al aislamiento; lo que generaría la reproducción cultural de la violencia, visibles en imaginarios patriarcales y machistas que mencionan las familias.

Pensar la familia como sujeto colectivo de derechos es un desafío de orden internacional desde la perspectiva de los derechos humanos. Para Galvis (2011), la familia se convierte en sujeto colectivo cuando adquiere la calidad de titular de los derechos y responsabilidades, cuando tanto el Estado como la sociedad protegen la misma y garantizan el nivel de vida que les permite a sus integrantes asegurar su subsistencia personal y colectiva. En este orden de ideas la familia se destaca por su capacidad de agencia y de interlocución con los otros agentes externos.

Este estudio considera que comprender los escenarios y prácticas de las familias como sujetos colectivos de derechos en el contexto abordado, aporta conocimiento para la resignificación de lo rural en nuestro país, a partir de evidenciar las condiciones sociales de inequidad, falta de oportunidades, exclusión social y pobreza que poseen nuestros compatriotas campesinos y habitantes de dichos territorios, dando cuenta de la histórica deuda que tenemos como sociedad en el ámbito rural, la cual debemos saldar para aportar a la construcción de paz integral y territorial.

Por lo anterior, se requiere fortalecer la capacidad de agencia de las familias rurales como sujetos colectivos de derechos, con el fin de garantizar sus derechos, y el respeto de sus saberes y prácticas cotidianas que respaldan apuestas de construcción de paz, fomentando al interior de estas la alteridad, el diálogo y la democratización de las relaciones. En particular, empoderarlas como familias sujetos colectivos titulares y garantes de derechos, permite avanzar en una interlocución pertinente con actores como el Estado, con capacidad de transformar las condiciones inmateriales y materiales de su propia vida y de la vida social, especialmente, la resignificación de la vida como valor supremo, la vida del otro y la vida con los otros.

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